Ahora resulta que todo lo que haga un funcionario público no sería de interés público (trátese de negocios ligados a la corrupción, actos inmorales de cualquier naturaleza, asociación con delincuentes o, en fin, toda actividad contraria a las leyes). Ahora resulta que toda práctica inmoral del funcionario público (que en cualquier ámbito y a cualquier día y hora representa al Estado) sería asunto de su “intimidad” que nadie puede denunciar públicamente… (¿Habrase visto en nuestra historia algo más estúpido que esta ley pro corrupción, ya aprobada en el Senado, que protegerá “la intimidad” y “el buen nombre” del funcionario público?).
