¿Hambre cero y comida para 10 millones?

A seis años de gobierno, otra de las grandes contradicciones del «cartel del cambio» es la distancia entre lo que proclama y lo que hace.

Por un lado, celebra que la República Dominicana salió del mapa del hambre de la FAO y exhibe la reducción de la pobreza extrema como una de sus grandes conquistas sociales. Por otro, cuando llega la Navidad, el mismo Gobierno anuncia con orgullo que prepara y distribuye 10 millones de raciones de comida caliente.

Algo no cuadra. ¿Cómo se concilia el relato de «hambre cero» con un operativo destinado a repartir 10 millones de raciones de comida caliente cada mes de diciembre? Si el hambre prácticamente desapareció, como sugiere la propaganda oficial, ¿por qué hace falta una operación alimentaria de semejante magnitud?

No se puede celebrar por la mañana que derrotamos el hambre y anunciar por la tarde, también como una conquista, que estamos alimentando a millones de personas. O sobra propaganda o falta comida. Pero existe otra pregunta quizás todavía más importante: ¿cuánto cuesta preparar 10 millones de raciones de comida caliente?

Diez millones de raciones de comida caliente no aparecen por arte de magia. Hay que comprar arroz, pollo, carne, habichuelas, víveres, vegetales, aceite y condimentos. Se necesitan cocinas, combustible, personal, envases, almacenamiento y transporte. Después hay que cocinar, empacar, movilizar y distribuir todo eso. No estamos hablando de organizar un almuerzo navideño, sino prácticamente de montar una industria alimentaria temporal.
Por eso, detrás de las fotografías del funcionario entregando platos de comida existen preguntas que los contribuyentes tienen derecho a formular: ¿quién compra los alimentos?, ¿dónde se preparan?, ¿cuántas cocinas participan?, ¿qué empresas son contratadas?, ¿cuánto recibe cada proveedor? Y, sobre todo, una pregunta elemental: ¿cuánto cuesta cada plato?
Si el Estado dispone de instalaciones capaces de producir semejante cantidad de alimentos, que diga dónde están y cuánto producen diariamente. Si no dispone de toda esa capacidad, necesariamente alguien cocina, empaca, almacena o transporta. Y ahí comienza la parte que generalmente desaparece de la propaganda.
Porque si alguien presta esos servicios, alguien es contratado. Si hay contrataciones, hay contratos. Si hay contratos, hay dinero. Y si se trata de dinero público, el pueblo tiene derecho a saber quién cobró, cuánto cobró y mediante qué procedimiento fue seleccionado.

Nos enseñan el plato, la fila, al funcionario sonriente y a la familia recibiendo la comida. Lo que nunca enseñan es la factura. Y la factura importa, porque 10 millones de raciones representan compras y contrataciones de enorme magnitud.

Ayudar a una familia pobre no concede licencia para despilfarrar el dinero de todos sin explicaciones. Todo lo contrario: precisamente porque hablamos de recursos destinados a los más necesitados debería existir mayor transparencia sobre cada peso utilizado.

Nadie cuestiona que se alimente a quien lo necesita. Si una familia tiene hambre, el Estado debe ayudarla. Lo cuestionable es que las necesidades de los pobres puedan convertirse en una excusa para disminuir los controles sobre el dinero público.

Junto a cada plato hay una cadena económica. Alguien vende el arroz, alguien suministra el pollo, alguien proporciona los envases, alguien cocina, alguien transporta y alguien distribuye. Y, al final, alguien factura y cobra. Por eso no basta con preguntar cuántos platos se entregaron. También debemos preguntar cuántos millones de pesos circularon junto a esos platos.

Esa es la diferencia entre política social y propaganda. Una política social transparente informa cuántas personas fueron atendidas, cuánto costó hacerlo, cuál fue el costo por ración, quiénes fueron los proveedores y cómo se comprobó la entrega. La propaganda necesita mucho menos: una cámara, una bandeja de comida y un funcionario sonriendo.

Y volvemos a la contradicción original. El Gobierno proclama «hambre cero» y después anuncia comida para millones. Si millones necesitan esa comida, el triunfalismo merece una explicación. Y si estamos ante un gigantesco programa asistencial navideño, entonces también tenemos derecho a conocer quiénes hacen negocios alrededor de la operación.
Tampoco basta con anunciar 10 millones de raciones. Hay que demostrar que se produjeron y se entregaron. Mientras mayor sea el anuncio, mayor debe ser la evidencia para comprobarlo. Que publiquen las facturas, los proveedores y los contratos; que informen el costo por ración; que identifiquen dónde se cocinaron las raciones y quién certificó su entrega.

Si todo se hizo correctamente, la transparencia será la mejor defensa del Gobierno. Si se resisten a mostrarlo, tendremos todavía más razones para preguntar. Después de seis años del Gobierno del «cartel del cambio», hemos aprendido una regla sencilla: cuando anuncian millones para los pobres, conviene averiguar también quién cobra los millones.

Y cuando anuncian «hambre cero» y comida para 10 millones, conviene preguntar: ¿quién gana con estos negocios? Porque, mientras el «cartel del cambio» celebra sus estadísticas y exhibe millones de platos de propaganda, hay una realidad que no desaparece con discursos: miles de familias dominicanas continúan padeciendo hambre.