En un escenario ideal, con las fuerzas políticas que compitan en un marco de absoluto respeto a las ideas del contrario, y el Gobierno que sirva de garante imparcial del proceso democrático, los dominicanos podrían sentirse motivados a unirse en un gran concierto de voluntades para ayudar a que la actual administración concluya su mandato en buenos términos con la sociedad. Así, el gobierno que nazca de las elecciones próximas, en mayo de 2028, podrá iniciar su gestión sin mayores dificultades, para beneficio de la república.
Confieso que estas aspiraciones sólo caben en la tranquilidad de un fin de semana en casa, lejos de las estridencias políticas de un país que, como el nuestro, no sale de una. Pero como soñar no cuesta nada, según el viejo refrán dominicano, este gran anhelo nacional podría ser convertido en realidad si la nación se lo propone, para lo que se haría necesario echar a un lado las pequeñeces y mezquindades que tanto nos separan en los momentos cruciales e incluso cuando todo parece indicar coincidencias de pareceres.
Para alcanzar esas metas es imprescindible, como un primer paso, abonar el terreno que posibilite una conciliación de intereses para fortalecer las instituciones democráticas, y afianzar la independencia de los poderes, a fin de que actúen con plena y absoluta libertad dentro de los marcos establecidos por la Constitución y las leyes.
Si no lo hemos conseguido todavía, durante tantos años de práctica democrática, ha sido por la diversidad de intereses económicos y políticos. Es erróneo creer que sólo al Gobierno le corresponde esa responsabilidad. El respeto y la solemnidad que se le debe a la Constitución es la única garantía que tenemos de que los derechos ciudadanos serán respetados permanentemente, en un estado de derecho con reglas de juego claras y definidas que aseguren un ambiente transparente de libertad en todos los órdenes de la vida nacional.