Cuando en el 2013 la Fiscalía de Nueva York acusó de fraude inmobiliario a los directivos de una empresa de la que formarían parte dirigentes políticos y funcionarios dominicanos, a cargo uno de ellos según informes de prensa de los fondos de pensiones, no me pregunté acerca del silencio de cementerio que siguió al escándalo en el ámbito gubernamental, porque era pretender un milagro y siempre he intentado ser realista.
Lo que no deja de sorprenderme todavía, como en un caso similar reciente, es que los representantes del sector privado en el sistema de la seguridad social hicieran mutis y no le pidieran una explicación siquiera a quien tenía entonces a su cargo la administración de casi 200 mil millones de pesos de los retiros de los trabajadores, como tampoco ahora en un caso mayor relacionado con el tema de la salud.
No pretendo acusar ni juzgar a nadie por sus actuaciones, porque esa no es mi misión como periodista, y me sentiría muy feliz si acusaciones de esta naturaleza fueran falsas por lo que tales actuaciones significan para una sociedad como la nuestra. Pero tal vez los gobiernos y los partidos en el poder no sopesen bien lo que representa para su propio crédito e imagen pública un funcionario y dirigente de tan alto nivel responsable de sus asuntos electorales envueltos en asuntos tan oscuros, sin tomar ninguna medida, como ocurriera en el 2013 y no así con un caso más reciente, por fortuna. Tampoco se entiende que el sector privado, en un régimen tripartito, consiente con su silencio este tipo de actividad a alguien en esa posición, lo que pone en riesgo la confianza que muchos dominicanos tienen todavía en un sistema de seguridad sobrevalorado y tan costoso.
En fin, otra reflexión mediática la mía que se diluirá, confirmando así que la podredumbre alcanza a veces una categoría social que deja a quienes se le oponen en total desamparo y aislamiento.
