En el transcurso de los años, las grandes y crecientes necesidades nacionales y los efectos de las periódicas crisis financieras han exigido dilaciones, cambios drásticos en la agenda de los gobiernos. No se puede permanecer ajeno a cuanto ocurre en el mundo. Los gobiernos están moralmente obligados a asumir nuevas conductas frente a las realidades que enfrentamos. La visión de corto plazo que arrastramos tiene que ser sepultada y dar paso a tareas de largo alcance, que permitan consolidar los sectores más dinámicos de la economía, conquistar los mercados que se han abiertos con la firma de tratados de libre comercio con los grandes centros de consumo e impactar positivamente así las expectativas de la población.
La tradición ha sido poner parches en las llagas de sus grandes heridas. Premiamos a estudiantes meritorios mientras nos resistimos a darle a la educación el tratamiento presupuestario a que la ley obliga. El caso del sector educativo es sólo un ejemplo, tal vez el más patético, del efecto dañino del clientelismo en la vida política de la nación.
No es justo distraer el dinero de los contribuyentes en programas de caridad pública, como el reparto de magras raciones de alimentos en Navidad, que sólo contribuyen a mostrar el infamante grado de marginación en que viven las grandes mayorías nacionales. Por años inadecuadas políticas de Estado desalientan la inversión y estancan todavía las exportaciones que generan riqueza y empleos. Todo este panorama desolador, que frustra y castra las grandes iniciativas, nos está erosionando el futuro.
Es sencillamente aterrador ignorar el valor de la empresa privada y menospreciar la importancia de sus ideas sobre el desarrollo, en tiempos, presentes y pasados en que la visión estatal fue y ha sido incapaz de resolver problemas como el de la energía eléctrica, la salud y la educación. El país reclama un firme compromiso por el futuro.
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