Siempre ha existido entre nosotros la errada creencia de que las estrategias de comunicación sólo son necesidades de las grandes corporaciones privadas y que los gobiernos se bastan por sí solo. Más que las empresas, los gobiernos requieren del auxilio de las relaciones públicas para lidiar con el reto que representa su trato con el público, en el ambiente rico en información propio de las sociedades democráticas.

Lo primero que debería asegurar toda política de comunicación gubernamental bien concebida, es el derecho del pueblo a estar bien informado de cuanto hace o no hace el Gobierno. Esta es la regla básica que permite una relación armoniosa y de mutua comprensión de la que depende el nivel de confianza que hace posible el respaldo público a programas oficiales.

En el manejo de la comunicación los principios básicos aplican para cualquier país, sin importar el papel que juegue en la comunidad internacional o el nivel de práctica democrática existente. Los gobiernos exitosos en el campo democrático han sido aquellos que han logrado mantener diálogos fructíferos con la población. La importancia de este diálogo no se mide en función del tamaño de la nación, pues resulta igual de importante para países grandes como Estados Unidos o pequeños como la República Dominicana.

Equivocadamente se ha pensado que un buen y efectivo diálogo consiste únicamente en el trato o en la aparición frecuente del Presidente o de sus principales colaboradores con el público o con la prensa. La experiencia dominicana bastaría para demostrar que esa percepción se basa en concepciones erradas de lo que es una buena comunicación con el público. De ahí, los pobres resultados que distintas administraciones han logrado en el pasado en sus esfuerzos por mejorar sus mecanismos de comunicación y diálogo con el pueblo.

Posted in La columna de Miguel GuerreroEtiquetas

Más de opiniones

Más leídas de opiniones

Las Más leídas