Una de las prácticas que debemos superar en los procesos electorales es la de atiborrar la geografía nacional con vallas, letreros y afiches promocionales de los candidatos, que afean las ciudades y carreteras y crean contaminación visual, y en muchos casos un peligro para los conductores, cuando esa promoción oculta señales de tránsito. Lo peor es que esa promoción sobrevive a las lides electorales como es fácilmente observable todavía en muchos espacios públicos en Santo Domingo y otras ciudades. Muy pocas veces los partidos han cumplido con la obligación elemental de limpiar las áreas que embadurnan con su propaganda.
En la mayoría de los países la difusión de este tipo de publicidad está muy controlada y la violación de las normas se paga a veces con la anulación de candidaturas o fuertes penalidades económicas. Ese control impone los lugares donde se permite el despliegue de material promocional y su volumen. También establece plazos para el retiro y el incumplimiento de la norma implica también sanciones para aquellas autoridades
responsables de hacerlas cumplir.
Nada de eso se observa en nuestro país, donde los partidos abusan de esa debilidad institucional y no se sienten obligados a respetar el entorno físico de aquellos a quienes cortejan por sus votos. En los días posteriores a la campaña pasada, se publicó que el hoy alcalde electo de Santo Domingo Este había ordenado a su equipo el retiro de toda publicidad promocional, y si bien algunos letreros fueron destruidos se está a la espera de que alguien asuma por completo esa tarea. Y digo algunos porque está muy claro que a mucha más gente le importa tal vez un bledo que las paredes, los parques y los postes del tendido eléctrico de los sectores donde residen estén repletos de promoción electoral que el viento, la lluvia y el sol deterioran, afeando el ambiente en el que crecen sus hijos y nietos. En nuestro país las campañas electorales nunca terminan.
