¿Quién los pone en su lugar?

¿Qué pasaría en República Dominicana o en cualquier otro país medianamente organizado si, por ejemplo, los dueños de fábricas de hielo se unieran para impedir que se instalaran otros negocios del ramo? O si los dueños de colegios privados hicieran lo mismo para evitar que se fundaran nuevas escuelas de pago. Imagínese si los productores de arroz hicieran lo mismo. O si los productores de bebidas alcohólicas solicitaran al gobierno que congelara el número de fábricas bajo el argumento de que con los existentes es suficiente. ¿Cuántas clínicas privadas se necesitan para atender todas las urgencias médicas de la población? ¿A quién corresponde fijar el número de estos establecimientos?
¿Tienen derecho las asociaciones de comerciantes, detallistas o mayoristas, a decidir cuántos colmados o almacenes pueden funcionar en un país? Y qué decir de la actividad política. ¿Sería suficiente y justo con los partidos tradicionales? ¿El derecho a deshacer el país y oscurecer el porvenir nacional acaso pertenece sólo a los que ya han gobernado? ¿Cuántas peluquerías o salones de belleza se requieren para satisfacer la vanidad de hombres y mujeres? ¿Cuántos medios de comunicación son necesarios para llenar los requerimientos informativos de la sociedad? ¿Los que ya existen?

Es obvio que admitir limitaciones de esa naturaleza en esas como en cualquiera otra área sería un absurdo que nadie toleraría. Entonces, ¿por qué en el caso del transporte público tiene que ser diferente? ¿Por qué los señores del transporte se creen dueños del negocio y de las rutas? ¿Por qué ninguna autoridad ha sido capaz de llamar a capítulo a esa gente? ¿Cuándo los usuarios dispondrán de un servicio seguro, moderno y confortable? ¿Qué gobierno se armará de suficiente coraje para ponerle coto a ese desorden? Espero que con suerte en el ocaso de sus vidas mis biznietos puedan verlo.

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