El sector privado es mucho más que un pequeño grupo de empresarios unidos por una comunidad de intereses provenientes de negocios o empresas cuyo fin sea el lucro, de todas formas legítimo. Una de las grandes distorsiones de su papel en el desarrollo y manejo de la economía proviene, precisamente, de la propaganda negativa que restringe su definición a ámbitos tan estrechos y exclusivistas.
Por el contrario, hablamos de un concepto mucho más amplio y generoso. En él concurren todas las actividades individuales o de grupos producto de la libre decisión del ser humano. Abarca todas las actividades y campos del saber, desde el vendedor ambulante que comercia frutos del campo, hasta el próspero empresario que tiene en su nómina a miles de trabajadores, y hasta el artista que plasma en lienzos el fruto de su inspiración y vive de ello.
A lo largo de los últimos años se han alentado teorías inclinadas a favorecer un creciente papel del Estado, mayor del que tiene y ejerce, en los asuntos nacionales. Aplicadas al juego económico, estas doctrinas han resultado catastróficas. La experiencia dominicana debería bastar por sí sola como evidencia irrefutable.
La única posibilidad de evitar la repetición de traumáticas experiencias es imponiendo límites a la capacidad de los gobiernos para restringir la libre creación de los individuos. Pero esto sólo podría emprenderse en un futuro al través de planteamientos doctrinarios que definan claramente el papel del sector privado, tarea esta que resulta muy difícil a la luz del control que la clase política del país mantiene sobre la vida institucional, mediante el dominio de los mecanismos de funcionamiento de la estructura estatal.
Me refiero, por supuesto, al Gobierno, el Congreso y la Justicia, y los demás poderes subalternos, como las alcaldías y los organismos autónomos, entre otros.
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