La crisis haitiana se agudiza y de qué manera. Las bandas no dan tregua al gobierno del ya destruido país que se ha visto precisado en declarar el estado de emergencia por tres meses, mientras la población común huye del hambre y la criminalidad.
De acuerdo con informaciones divulgadas por las Naciones Unidas, más de 1,600 personas han perdido la vida en los últimos tres meses y otras tantas heridas, 161 secuestradas y 80 ejecuciones por parte de las fuerzas del orden. Las escenas que se viralizan por las redes sociales son dantescas.
República Dominicana, con quien comparten la isla, es la nación más perjudicada por el éxodo de miles de haitianos que cruza de una u otra forma la frontera para evitar ser acribillados o incinerados por las bandas criminales en las polvorientas calles del empobrecido país.
De acuerdo con las estadísticas oficiales la población haitiana que reside de forma legal en nuestro país no llega al millón, sin embargo, la cantidad de ilegales podría triplicar esa cifra.
El presidente Luis Abinader, al igual que los anteriores gobiernos, ha tenido que lidiar con esta problemática durante sus casi cinco años en el poder para controlar la desenfrenada y compleja migración de ilegales.
Hace poco el mandatario ordenó el desalojo de numerosas familias de ascendencia haitiana e ilegales que ocuparon terrenos en la llamada zona Matamosquito en la provincia La Altagracia, cuyos asentamientos irregulares generaron insalubridad y hacinamiento en el lugar.
También, se realizaron operativos en hospitales y maternidades donde regularmente acuden decenas de parturientas ilegales sin diagnósticos previos de sus embarazos, ni papeles de identificación. La mayoría de los haitianos que entran al país asumen por cuenta propia otros nombres y apellidos. Su verdadera identidad casi siempre la ocultan.
La migración haitiana hacia territorio dominicano es cada vez mayor, producto de las constantes y prolongadas crisis políticas, económicas y sociales, además, del vandalismo y la actitud sanguinaria que asumen las bandas con el objetivo de controlar el desahuciado país.
Para controlar el trasiego de personas y bienes, el gobierno dominicano asumió la construcción del muro fronterizo que va bien avanzado, y que cubrirá los 340 kilómetros de frontera entre ambos países, sin embargo, el cruce irregular continúa.
Los organismos internacionales como Naciones Unidas, la Unicef, la OPS, Unión Europea, entre otras, y los gobiernos de Francia, Canadá y Estados Unidos, conocen muy bien la crisis haitiana y la incontrolable migración.
República Dominicana, aunque quiera ayudar, no puede echarse ese problema al hombro, sencillamente porque no le compete. Y a pesar de todo, ha sido el único que se ha solidarizado y ha extendido su mano amiga en los momentos más críticos del desdichado país.
Asimismo, ha mantenido abierta su frontera para el intercambio comercial donde se entrelazan más de 25 mil personas por día, especialmente del lado dominicano, donde los haitianos se abastecen de productos comestibles, mientras que los dominicanos compran utensilios, tejidos y calzados.
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