Mientras las pandillas y las bandas criminales se enfrentan en Haití y aplican el “jaque mate” a las autoridades a tal punto que han declarado el estado de emergencia por tres meses, el gobierno dominicano busca con urgencia un consenso con la oposición para frenar la migración de ilegales.
Y es que Haití está en estos momentos pasando por una de sus acostumbradas crisis política y social. Las calles del empobrecido país son escenario de violentas muertes, mientras los que pueden salir con vida, huyen hacia este lado de la isla, un éxodo que preocupa a todos.
De acuerdo con informaciones divulgadas por las Naciones Unidas, más de 1,600 personas han perdido la vida en los últimos tres meses y otras tantas heridas, 161 secuestradas y 80 ejecuciones por parte de las fuerzas del orden.
República Dominicana, con quien comparten la isla, es la nación más perjudicada tras las virulentas explosiones sociales, crímenes, vandalismo, hambre y miseria. Las escenas que se viralizan por las redes sociales son dantescas. Personas incineradas vivas, maltratadas y acribilladas en las polvorientas calles de Puerto Príncipe, la capital.
De acuerdo con las estadísticas oficiales la población haitiana que reside de forma legal en nuestro país no llega al millón, sin embargo, la cantidad de ilegales podría triplicar esa cifra.
El presidente Luis Abinader, al igual que los anteriores gobiernos, ha tenido que lidiar con esta problemática durante sus casi cinco años en el poder para controlar la desenfrenada y compleja migración de ilegales.
Hace poco el mandatario ordenó el desalojo de numerosas familias de ascendencia haitiana e ilegales que ocuparon terrenos en la llamada zona Matamosquito en la provincia La Altagracia, cuyos asentamientos irregulares generaron insalubridad y hacinamiento en el lugar.
También, se realizaron operativos en hospitales y maternidades donde regularmente acuden decenas de parturientas ilegales sin diagnósticos previos de sus embarazos, ni papeles de identificación. La mayoría de los haitianos que entran al país asumen por cuenta propia otros nombres y apellidos. Su verdadera identidad casi siempre la ocultan.
Para controlar el trasiego de personas y bienes, el gobierno dominicano asumió la construcción del muro fronterizo que está bien avanzado, y que cubrirá los 340 kilómetros de frontera entre ambos países, sin embargo, el cruce irregular continúa.
El presidente Abinader está convocando para el miércoles 14 la reunión en la que invita a los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina para abordar la crisis en Haití y la migración ilegal.
República Dominicana, aunque quiera ayudar a recuperar el orden en Haití, no puede hacer nada, porque es un problema que solo le compete al gobierno haitiano, pero sí puede hacer valer las leyes migratorias y controlar el cruce de ilegales hacia territorio dominicano.
Hasta ahora, ha sido el único que se ha solidarizado y ha extendido su mano amiga en los momentos más críticos de ese país.
Asimismo, ha mantenido abierta su frontera para el intercambio comercial donde se entrelazan más de 25 mil personas por día, especialmente del lado dominicano, donde los haitianos se abastecen de productos comestibles, mientras que los dominicanos compran utensilios, tejidos y calzados.
