De entrada, si hay voluntad o necesidad política de cambiar la Constitución, si las causas no existen, se crean. ¿A quién beneficia la modificación de la Constitución en el actual contexto? ¿Al colectivo? Esa es la cuestión.
La narrativa en esta etapa está enfocada en una dirección, que el presidente respetará los límites de la Carta Magna, visto como un acto de desprendimiento. El consultor jurídico, Antoliano Peralta, expresó más o menos que “por primera vez un presidente no modificará la Constitución para beneficio propio”.
El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, fue más allá, según dijo, Abinader tiene poder para reelección indefinida, pero que no lo hará. “Un líder (Luis Abinader) que se le ha dado la posibilidad de reformar la Constitución para poderse reelegir indefinidamente en el tiempo como él quisiera, está haciendo totalmente lo contrario”.
El propio presidente de la República ha repetido en distintos escenarios que se va en el 2028 y que no le interesa volver a ser candidato presidencial.
Hasta este punto del debate no se ha identificado con claridad la necesidad de reformar la Constitución porque beneficia a la colectividad.
A la Constitución del 26 de enero de 2010 le falta una gran cantidad de leyes complementarias que el Congreso no ha aprobado. Entre esas iniciativas figura la ley del referendo, que algunos abogados consideran necesario para la propuesta de reforma que ha planteado de manera informal el Ejecutivo.
El temor de algunos es que la asamblea, como es soberana, y lo que ocurra es responsabilidad de los asambleístas, se desborde y apruebe otros temas.
El artículo 270 de la Constitución exonera al Poder Ejecutivo de responsabilidad sobre lo que ocurra en esa sesión, porque incluso no puede observar la ley que declara la necesidad de la reforma.
“Convocatoria a Asamblea Nacional Revisora. La necesidad de la reforma constitucional se declarará por una ley de convocatoria. Esta ley no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo”, dice.
