Desde que el mundo es mundo, los temas políticos, se resuelven con acuerdos o salidas políticas. De hecho, los acuerdos políticos suelen parir legislaciones, no al revés. Para citar un ejemplo, sin tener que salir de las fronteras dominicanos, ni colocarnos en tiempos muy lejanos, la crisis política del país de 1994, generó las reformas de mayor impacto institucional en las últimas décadas en el país.
El tema viene a reflexión por el fracaso de la Ley de Partidos Políticos para regular la actividad a lo interno de las organizaciones. El PLD, promotor de la iniciativa y que forzó su aprobación en 2018, fue el primero en violarla.
Nunca la ha respetado, especialmente en lo concerniente al plazo para escoger las candidaturas a cargos de elección popular. Adelantó en un año la definición de la boleta en 2024 y hará lo mismo para las votaciones de 2028.
El PRM aprobó una reforma estatutaria para extender el periodo de las actuales autoridades por dos años. Es una forma de legalizar su decisión ante el mandato de la Ley 33/18 de que el máximo que deben permanecer los directivos de los partidos políticos en sus puestos, es cuatro años, el tiempo de los periodos gubernamentales.
Más allá de esa medida y como muestra de que los temas políticos, son de acción política y no materia de ley, la secretaría general del PRM es la cuota de poder de los Mejía y así permanecerá a pesar de lo que dice la ley. La presidencia es la cuota de Luis Abinader, y así seguirá.
La FP, que tiene a Leonel Fernández, como su principal activo, ha estado en campaña desde que se fundó en 2019, con juramentaciones, jornadas de afiliación y otras estrategias para hacerse sentir.
Lo que pretendía la Ley 33/18, garantizar la democracia interna en los partidos y para “no estar todo el tiempo en campaña”, no surtió ningún efecto, al contrario, el activismo tiene nuevos bríos por el impacto de las redes sociales, el uso de las encuestas como instrumento de marketing político y la incursión del mundo del espectáculo en el debate electoral.
De lo poco que queda a la Ley 33/18, con unos 12 artículos anulados por el Constitucional, solo se cumple lo que toca a la JCE.
