A lo largo de su campaña, Donald Trump calificó la inmigración como una crisis y prometió implementar rápidamente una serie de políticas controvertidas para frenar la inmigración ilegal y limitar las llegadas de nuevos inmigrantes.
Sin embargo, gestionar el retorno de posiblemente millones de personas presenta desafíos considerables. Algunos opinan que este proceso implicaría un costo extraordinario para el gobierno y podría tener un impacto negativo en la economía del país.
Por otro lado, es una realidad que los centros de detención han alcanzado su capacidad máxima en los últimos años, debido al aumento significativo de la migración irregular. Esto ya está afectando a la economía, especialmente en estados como California y Nueva York, donde el número de personas sin hogar ha aumentado debido a la presión migratoria. Además, gran parte de la fuerza laboral en sectores agrícolas y ganaderos está compuesta por inmigrantes indocumentados, por lo que una expulsión masiva podría tener efectos negativos en estos sectores. También es cierto que los tiempos de espera para muchos procesos migratorios son extremadamente largos. Por ende, sería necesario agilizar estos trámites, así como aumentar las cuotas anuales para casos como las peticiones familiares de preferencia, que actualmente sufren de largos períodos de espera.
Trump también ha declarado que planea poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados. Para implementar esta medida, sería necesario reinterpretar la Enmienda 14 de la Constitución, lo cual enfrentaría una fuerte oposición legal. Estos problemas definitivamente deben ser abordado de manera estratégica.
