Han pasado ya 24 años desde que se promulgó la Ley No. 87-01, que dio origen al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Sin embargo, hoy más que nunca, la promesa de seguridad y bienestar para los trabajadores dominicanos, es una cruel ilusión. El sistema no es ni seguro, ni social. Es un negocio millonario para unos pocos, sostenido con el esfuerzo de millones de trabajadores.

El panorama es alarmante: más de RD$1.15 billones de pesos —sí, billones— es el monto que actualmente manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), según datos del propio portal de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) al 25 de marzo de 2025. Ese inmenso caudal de dinero no ha sido utilizado para garantizar una vejez digna, sino para enriquecer a grupos empresariales que ven en las pensiones una fuente de lucro y no una herramienta de justicia social.

Mientras tanto, más de 5 millones de trabajadores cotizan con la esperanza de recibir algún día una pensión que les permita vivir con dignidad. Pero esa esperanza se desvanece ante una realidad cruel: la tasa de reemplazo proyectada ronda apenas el 20% del salario. En otras palabras, un trabajador que hoy gana RD$40,000 mensuales, después de 20 o 30 años de cotización, recibiría una pensión que apenas alcanzará los RD$8,000 mensuales. ¿Quién puede vivir con eso? ¿Cómo se cubren los gastos de medicamentos, alimentación, vivienda y servicios básicos con una pensión tan humillante?

Esta es la gran ironía del sistema: los verdaderos dueños del dinero, los trabajadores, reciben migajas, mientras que las AFP, que solo administran esos fondos, acumulan ganancias millonarias sin asumir ningún riesgo. Este sistema, institucionaliza la injusticia, convierte el derecho a la seguridad social en una mercancía y la vejez en una condena.

En resumen, urge una reforma profunda y valiente. No más parches. Es hora de que el Congreso Nacional y su Comisión de Seguridad Social escuchen la voz de quienes han sostenido con su trabajo este país. No se trata sólo de modificar una ley, sino de restituir la dignidad arrebatada a millones de dominicanos.

Porque un sistema de pensiones que no garantiza bienestar en la vejez, no es un sistema. Es una estafa legalizada. “Mientras tú trabajas por décadas, las AFP ganan millones. Tú recibes migajas, ellos el banquete”, esto no es justicia, esto no es seguridad social.

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