Reformatio in peius es un aforismo jurídico que traducido literalmente significa reforma a peor o reforma en perjuicio, que impide que un tribunal superior empeore la situación jurídica de la parte que impugnó la sentencia si esta es la única que interpuso recurso contra ella. En esta ocasión no analizaremos este principio de forma puntual, sino que lamentamos que este no se le aplique también a nuestros legisladores con las reformas legales.
Aplicar este principio a nuestros legisladores implicaría que estos no toquen disposiciones legales para empeorarlas de forma ilógica e irrazonable como tantas veces ocurre en nuestro país, por la extendida cultura de copiar legislaciones de otros países sin analizar mínimamente su encaje en nuestra sociedad y ordenamiento jurídico, por desconocimiento o por la vieja creencia de que las leyes son soluciones automáticas a problemas sociales, más en un país donde hay leyes para todo pero institucionalidad para muy pocas cosas.
Ahora nos convoca el nuevo Código Procesal Penal o Ley número 97-25 que cambió, de golpe y porrazo, la norma procesal penal en la República Dominicana, abstracción aparte de la necesidad jurídica de reformar el Código fruto de la decisión del Tribunal Constitucional, la apresurada reforma, con escasas luces si me preguntan, aprovecha la oportunidad para introducir criterios de interpretación, excepciones y “pequeños” aspectos que, unidos todos sólo señalan a la disminución de las garantías y derechos de los procesados.
Esta reducción de los derechos y garantías de los imputados, disfrazado de aumento de derechos para las víctimas, lo que entra en contraposición con lo que señala Eugenio Raúl Zaffaroni de que equiparar a la víctima y a los imputados sería mutar la naturaleza del derecho penal, pues no es un sistema de solución de conflictos sino de decisión de conflictos, decisión vertical. No en vano el maestro Zaffaroni pide especial cuidado con la manipulación de la víctima y su uso en el populismo penal.
Los efectos de esta reforma a peor se extienden a todo el sistema porque, como señaló el magistrado Rafael A. Báez, una reforma procesal penal que restringe las garantías enfrenta grandes desafíos con cambios legales que sólo potencian la ineficiencia del sistema, la inflación penal y el retroceso en la calidad de la justicia, devastando la teoría del proceso y sus fines constitucionales, además llama la atención del populismo que procura “congelar” las garantías procesales, ese populismo que parece haber ganado muchos adeptos en las sociedades como la nuestra.
Los legisladores han optado por la barbarie, en el que la Ley núm. 97-25 invita a los operadores jurídicos a encontrar los easter egg que tiene el texto, en vez de señalar, como en su momento hizo la Ley núm.
10-15, las modificaciones, porque en gran parte no se toca, parecería que se busca sorprender más que legislar.
Se completa la contrarreforma con los criterios que se deslizan en medio de las viejas disposiciones y que enfrentan de manera directa precedentes constitucionales como si los mismos dejasen de tener vigencia por la “desaparición” de la norma en ocasión de la cual se produjeron, obviando que esos precedentes se imponen a todos los poderes públicos.
Como guinda del pastel, la reforma en perjuicio no aprovecha la grandiosa oportunidad de que la reforma penal (Ley núm. 74-25) fuera de la mano con la procesal penal (Ley núm. 97-25), todo lo contrario, parecen antagónicas, no integran conceptos, no llevan al plano adjetivo las novedades que ya se introdujeron en lo sustantivo, por lo que, eventualmente, tocará reformar nuevamente, sólo esperemos que no sea otra reforma a peor.
