Vivir en el Gran Santo Domingo supone compartir un territorio en el que cada año aumentan las demandas de vivienda, movilidad, agua, energía y servicios públicos. El X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, elaborado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), registró 3,798,698 habitantes entre el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. En comparación con 2010, ambas demarcaciones incorporaron más de 459,000 habitantes. Y todo indica que la expansión continuará.
En ese punto, es lógico cuestionarse sobre hasta dónde los servicios públicos y las políticas responden a las necesidades específicas de un crecimiento que no se detendrá. Porque la expansión inmobiliaria, la densificación y las nuevas inversiones plantean exigencias que trascienden las decisiones individuales de compradores, constructores y propietarios.
Para dimensionar el alcance del impacto de la situación que vive el Gran Santo Domingo, partamos de lo que implica una nueva torre de apartamentos. Pongo de ejemplo donde yo vivo. Aquí había una casa unifamiliar.
Pero al momento de hacer una edificación de ocho niveles, aumentaron las personas que necesitan estacionamiento, agua, electricidad, recogida de residuos y acceso a las calles (Esto sin contar con todos los desafíos de convivencia, que son otro tema complicado). Si el entorno permanece con la misma capacidad que tenía cuando solo había una vivienda unifamiliar, parte del costo de esa transformación termina trasladándose a los vecinos y a los servicios públicos.
En su Plan Estratégico Institucional 2025-2028, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) reconoce que, aunque la cobertura de acceso al agua potable alcanza el 98 % en su ámbito de análisis, persisten dificultades relacionadas con la eficiencia y la calidad del servicio. La disponibilidad de infraestructura, por tanto, merece examinarse junto con la continuidad del suministro y las condiciones de distribución.
La movilidad presenta otra dimensión del problema. Una encuesta domiciliaria realizada con apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo, la Unión Europea y Systra, presentada por el Intrant el mes pasado, establece que el 31.7 % de los viajes metropolitanos tiene como destino el Distrito Nacional. Esa concentración indica cuánto dependen los desplazamientos cotidianos de la distribución territorial de empleos, comercios y servicios.
A esto se suma la ocupación de espacios públicos. Aceras convertidas en estacionamientos, calles delimitadas con conos y obstáculos frente a establecimientos comerciales reducen las posibilidades de desplazamiento de peatones, personas con discapacidad y familias con coches infantiles. También restringen la convivencia ciudadana. Así, la ausencia de fiscalización convierte las decisiones de particulares sobre el espacio común en dificultades que terminamos compartiendo todos. Yo decido parquear mi guagua en la salida de un edificio o poner tres sillas plásticas y una mesa de dómino en la acera y algo que se supone que no le hace daño a nadie termina perjudicando a la mayoría.
Y mientras discutimos cómo desplazarnos, hay otros riesgos que avanzan con la urbanización. El Banco Interamericano de Desarrollo, en su Plan de adaptación a inundaciones influenciadas por el cambio climático: Ciudad Colonial de Santo Domingo, publicado en 2024, identifica amenazas asociadas al desbordamiento del Ozama, las precipitaciones extremas y las inundaciones pluviales. El equipo técnico advierte, además, sobre la necesidad de disponer de información territorial para orientar las intervenciones.
La exposición climática obliga a reconsiderar la impermeabilización de terrenos, la eliminación de vegetación y la capacidad de los sistemas de drenaje. Cada proyecto inmobiliario interactúa con una cuenca, una red vial y unas infraestructuras que funcionan más allá de sus límites. De ahí que evaluar una construcción únicamente desde el terreno que ocupa resulte insuficiente para anticipar sus efectos.
La vivienda incorpora otra variable, Hábitat para la Humanidad República Dominicana, a partir de un análisis del censo de 2022, señaló que el 75 % de los hogares dominicanos presenta condiciones de hacinamiento según su metodología. Es un indicador nacional, pero invita a discutir qué significa disponer de vivienda cuando el espacio, la privacidad y las condiciones de convivencia están com
Paralelamente, la valorización inmobiliaria plantea interrogantes sobre la gentrificación. Cuando aumentan los precios del suelo y los alquileres, determinados hogares pueden enfrentar dificultades para permanecer en sus comunidades.
El desafío consiste en compatibilizar inversión, renovación urbana y posibilidades de residencia para personas de diferentes ingresos, evitando que la proximidad a los servicios se convierta en un privilegio económico.
La Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial ofrece instrumentos para abordar parte de estas tensiones mediante planes municipales, regulación del uso del suelo y participación de distintos actores. Su aplicación requiere coordinación entre ayuntamientos, instituciones de servicios, constructoras, organizaciones comunitarias y ciudadanía.
Podemos seguir con la construcción de nuevas torres, plazas, elevados y cuanta edificación se nos ocurra. Pero si no lo hacemos considerando que cada metro de construcción exige garantizar que la gente acceda a servicios de calidad, espacios públicos adecuados y garantías de derechos para su autonomía, entonces solo estaremos haciendo inversiones que generarán problemas previsibles para los próximos años.
