Siempre que hechos particularmente violentos conmocionan nuestra sociedad, surge la legítima duda: ¿nos encontramos frente a un criminal común o se trata de una persona con un particular trastorno mental? En nuestro país se usa popularmente la expresión “papel de loco” como referencia a la prueba de que una persona no está en plenitud de sus facultades mentales y, por tanto, quien se entiende que no puede responder penalmente por determinados hechos.
Los casos de Jean Pumarol y Ana Josefa García han colocado sobre el tapete, nuevamente, la respuesta del sistema de justicia a la existencia de indicios de alteración de la salud mental de estas personas. Antes que nada, el proceso penal no existe para diagnosticar temas de salud mental, pero los jueces no pueden ignorarlos y para eso el legislador ha dispuesto las figuras jurídicas correspondientes.
Estos procesos sirven porque nos dan la oportunidad de analizar la problemática, que en la mayoría de las ocasiones se aborda de forma superficial, sin puntualizar sobre las tensiones del derecho penal, las enfermedades mentales y la reacción social a delitos como los que involucran estos procesos, sin que esto implique revisar la culpabilidad o no, la imputabilidad o no de las personas envueltas, sino la respuesta de forma global.
Las circunstancias que rodean el caso, el estrato social y el acceso a medios de defensa eficaces juega un factor, no seremos herejes al señalar que una buena defensa penal como la que desarrolla el estimado colega Richard Martínez tiene un gran peso a la hora de gestionar y obtener un buen peritaje que acredite el estado de salud mental en el proceso en sus manos, la expectativa es que todos los procesos contasen con todas las herramientas, pero la realidad es distinta.
Resulta complicado, pero extremadamente necesario, explicar que no es lo mismo que se diagnostique una enfermedad mental al momento de los hechos que diagnosticar que se tiene una enfermedad mental al momento del juicio, para este último caso, la persona no tiene la capacidad de comprender el proceso, entonces el juicio no puede celebrarse, sino que se celebra un procedimiento particular por su condición de inimputabilidad, para determinar la procedencia o no de medidas de seguridad, como el internamiento en un centro especializado (los que son casi inexistentes en el país).
En cambio, si el diagnóstico determina que la persona padecía de una enfermedad mental que alteraba gravemente sus funciones psíquicas al momento de cometer el hecho, estamos hablando de una persona a la cual debe aplicarse la eximente de responsabilidad dispuesta en el artículo 64 del Código Penal (vigente hasta agosto), en razón de que no estaba en la capacidad de entender y dirigir sus actos, situación que el legislador resuelve declarando que no hay crimen ni delito. Esto, cómo no, cambiará a partir de agosto con la entrada en vigencia de la Ley 74-25 (nuevo Código Penal), porque ya el legislador no habla de la inexistencia de crimen o delito, sino que remite directamente a la posibilidad de adoptar medidas de seguridad, y enfoca el tema ante la falta de culpabilidad, de forma acertada consideramos, a la protección de la sociedad y al tratamiento de la persona declarada inimputable.
