La expansión descontrolada de las bancas de apuestas plantea un problema que va más allá de lo económico. Cuando un mismo sector financia campañas y ocupa espacios de poder puede incidir en las reglas que lo regulan generando un conflicto de intereses que debilita la confianza ciudadana. Lo preocupante es que el poder económico y político se concentre en pocas manos con capacidad de presionar decisiones públicas. Si algunos legisladores controlan miles de bancas, el tema deja de ser solo comercial y se convierte en un desafío institucional. Por eso, la transparencia, la regulación efectiva y reglas claras son indispensables para impedir que intereses privados capturen el poder público.
