Tenemos leyes para todo, consecuencias para nada

Día sí y día también nos topamos con una cultura que atenta severamente con lo acordado implícitamente en el contrato social, en los términos más básicos de Jean Jacques Rosseau, pues el Estado, llamado a hacer cumplir lo pactado, se hace de la vista gorda o decide no perseguir ni aplicar las normas dictadas por sus poderes.

Nuestro Congreso, dado a importar buenas y malas piezas legislativas del extranjero, nos permite verificar que contamos con normas para infinidad de situaciones que, por su ausencia de aplicación, resultan inverosímiles para nosotros los auxiliares de la justicia y para el ciudadano de a pie, a fin de cuentas la realidad dominicana es que tenemos normas para todo e institucionalidad para nada.

De qué sirve contar con una norma si nos abonamos a la idea de que no se deberá cumplir o, peor aun, que su cumplimiento no tendrá carácter general sino que dependerá de quien la infringe, sujeto ante el cual se decidirá proceder o no, en términos llanos la cultura del “na e’ na” y el “a sigún”, patrimonios de la cultura dominicana.

Debemos colocar el cascabel al gato, responsabilizar a las autoridades de la alegre inaplicación de las normas, ya hasta los turistas, esos que año tras año rompen con el récord de visitas en nuestra nación, se suman al concepto de que en República Dominicana no es lo mismo lo que dice la ley a aquello que se aplica en la práctica.

En términos generales, las leyes, por sí solas, no resuelven los problemas sociales, poco importa que contemos con cientos de normativas llamadas a regular múltiples situaciones, si estas se usan de elementos decorativos, como piezas inoperantes o, peor aun, si se elige a qué personas y en qué situaciones se van a aplicar las normas, rompiendo con uno de los aspectos fundamentales del principio de legalidad, su generalidad.

Podemos tomar como ejemplo uno de los casos más sintomáticos de nuestra sociedad, los motoristas, todos somos testigos a diario de motorizados que cruzan en rojo las intersecciones, que doblan donde no se puede, que se suben a la acera, que andan sin casco protector, que circulan en vía contraria, todo esto frente a los agentes encargados de fiscalizar estas conductas, ¿será que para ellos todo eso está permitido?, ¿existen excepciones a las normas para estos? La respuesta obviamente es que no, lo que no existen son autoridades comprometidas con hacerlas cumplir.

Poco vale que se creen comisiones, que se dicten resoluciones o se promulguen leyes, que se hagan campañas de concientización, si las normas seguirán sin aplicarse, si la ausencia de consecuencias será siempre el común denominador de todas estas situaciones. La falta de voluntad política y el temor a tomar decisiones impopulares son más importantes que el orden público y el interés social.

Ahora que nos situamos a sólo dos meses de la entrada en vigencia de un nuevo Código Penal que, con sus luces y sombras, viene a acercarnos a la modernidad en materia de política criminal, nos enfrentamos al mismo dilema, ¿se aplicarán las novedades del nuevo instrumento penal? ¿Cuáles serán las excepciones que de forma acomodada se realizarán? ¿Con qué excusas se justificará la ausencia de consecuencias?

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