¿Y ahora tampoco haremos nada?

En agosto de 2025, la República Dominicana hizo algo que llevaba más de un siglo posponiendo: aprobó un nuevo Código Penal. La Ley núm. 74-25 sustituyó un texto de 1884 que, entre remiendos, nos acompañó durante 140 años. El legislador fue prudente y dispuso un año de vacatio legis para que todos —jueces, fiscales, abogados y empresas— nos preparáramos.

Ese año pasó. Y, salvo honrosas excepciones, lo dejamos pasar.

Entre las novedades más profundas del nuevo Código figura la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por primera vez, la empresa puede ser sujeto penal y responder por los delitos cometidos por sus órganos, representantes o subordinados. Es un cambio de paradigma: exige que las organizaciones identifiquen sus riesgos, establezcan controles, formen a su gente y documenten que lo hicieron. Exige, en una palabra, compliance.

Sin embargo, cuando se acercaba la fecha, la conversación no giró en torno a cómo prepararnos, sino a cómo aplazarlo. A mitad de 2026, la Ley núm. 44-26 prorrogó por tres meses la entrada en vigencia de este régimen. Tres meses que, nuevamente, transcurrieron sin mayores avances. En noviembre llegó una segunda prórroga: la Ley núm. 88-26 concedió dieciocho meses adicionales. La nueva fecha es el 5 de mayo de 2028.

No discuto la conveniencia de esas prórrogas. Una reforma de esta magnitud merece tiempo, y es preferible un régimen que entre en vigor con empresas e instituciones preparadas. Lo que me preocupa es otra cosa: que confundamos el plazo con un descanso. Una prórroga no es una absolución anticipada; es una oportunidad. Y ya desperdiciamos dos.

Hablo en plural porque no sólo las empresas han desperdiciado tiempo, también el Ministerio Público, los jueces y nosotros los abogados. No se ha invertido el tiempo ni los recursos para que el mensaje de la norma llegue a nuestros clientes y a la sociedad en general.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿y ahora tampoco haremos nada? La respuesta no debe ser una única actuación, sino que, necesariamente, implica múltples enfoques. La respuesta cabe en siete palabras.

Socialización: sacar el tema de los círculos especializados y llevarlo a los consejos de administración, las cámaras empresariales y las universidades.

Capacitación: que quienes toman decisiones entiendan qué conductas pueden comprometer penalmente a su organización.

Formación: preparar a los profesionales —abogados, auditores, oficiales de cumplimiento— que diseñarán y defenderán estos programas.

Estudio: leer el texto con rigor, identificar sus vacíos y anticipar sus problemas de aplicación.
Trabajo: mapear riesgos, revisar procesos y documentar controles. No hay atajos.

Reforma: ajustar estatutos, políticas y estructuras de gobierno corporativo a la nueva realidad penal, esto también debe incluir el espacio para la reforma legal, el Código Procesal Penal, por citar un ejemplo, aun no se entera de que la empresa podrá ser sujeto penal.

Prevención: porque el propósito de este régimen no es condenar empresas, sino evitar que desde ellas se cometan delitos.

Dieciocho meses parecen mucho tiempo. No lo son. Un programa de cumplimiento serio no se improvisa en las semanas previas a una fecha límite: se construye, se prueba y se corrige. La empresa que llegue a mayo de 2028 sin haberlo hecho no podrá alegar sorpresa, porque habrá tenido casi tres años desde la aprobación del Código. Los 18 meses cuentan, sí. Pero solo si trabajamos hoy.

Autor: Chanel Liranzo Montero

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