Santiago de los Caballeros.– El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, planteó fortalecer el control de los centros penitenciarios como parte de la política de seguridad ciudadana, con el objetivo de evitar que personas privadas de libertad puedan dirigir actividades delictivas desde las cárceles.
Ulloa hizo el planteamiento durante la Ruta por la Ciudadanía en Santiago de los Caballeros, donde la Defensoría del Pueblo desarrolló la jornada “Código Penal para la Ciudadanía”.
El funcionario sostuvo que el Estado debe garantizar que los centros penitenciarios cumplan su función y eviten que personas bajo custodia estatal puedan ordenar delitos, amenazas o extorsiones.
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“La seguridad ciudadana debe empezar también en las cárceles. Una detención debe interrumpir la capacidad de dirigir operaciones criminales”, afirmó.
Ulloa plantea cuatro medidas para las cárceles
El defensor del Pueblo propuso clasificar a las personas privadas de libertad de acuerdo con su nivel de riesgo y situación procesal.
También planteó impedir las comunicaciones ilícitas, sin afectar los contactos permitidos por la ley, así como profesionalizar al personal penitenciario y establecer controles de integridad en la administración de los recintos.
Además, propuso investigar las conexiones financieras y posibles complicidades que permitan mantener actividades delictivas desde las cárceles.
“La captura de una persona debe acompañarse de una investigación que alcance a quienes dan las órdenes, ejecutan los hechos y reciben el dinero”, sostuvo Ulloa.
Más de 25,000 personas privadas de libertad
Según estadísticas oficiales citadas por Ulloa, a febrero de 2026 República Dominicana registraba 25,878 personas privadas de libertad, de las cuales el 65.5 % se encontraba en prisión preventiva.
El defensor del Pueblo también citó un estudio sobre las condiciones de salud en los centros penitenciarios, según el cual la mitad de la población reclusa con problemas de salud no recibe atención adecuada.
A partir de estos datos, Ulloa planteó revisar la duración de los procesos judiciales y las condiciones de custodia de las personas privadas de libertad.
Plantea fortalecer la prevención de conflictos
Ulloa también vinculó la seguridad ciudadana con la prevención de conflictos antes de que estos deriven en hechos violentos.
Recordó que la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó durante su rendición de cuentas de marzo de 2026 que el 58.9 % de los homicidios registrados tenía su origen en conflictos sociales.
“Ese dato nos obliga a actuar antes de que una amenaza, una riña o una disputa termine en una muerte”, expresó.
En ese sentido, propuso fortalecer los mecanismos de atención temprana y resolución pacífica de conflictos.
Defensor del Pueblo apuesta por la reinserción
El funcionario sostuvo que la política penitenciaria no debe limitarse al cumplimiento de las penas, sino que también debe preparar a las personas privadas de libertad para regresar a la sociedad.
Ulloa vinculó su propuesta con el artículo 40, numeral 16, de la Constitución dominicana y con la Ley 113-21, que regula el Sistema Penitenciario y Correccional de República Dominicana.
Entre las medidas que plantea figuran ampliar la educación, la atención de salud mental, el tratamiento de adicciones y la formación para el trabajo dentro de los centros penitenciarios.
“La responsabilidad del Estado continúa durante el cumplimiento de la pena y debe preparar el regreso a la comunidad”, afirmó.
Propone medir resultados de las políticas de seguridad
Ulloa también planteó que las políticas de seguridad ciudadana tengan responsables definidos, presupuesto, plazos e indicadores públicos.
Entre los aspectos que propone medir figuran la victimización, el esclarecimiento de delitos y la reincidencia.
“La captura de una persona debe acompañarse de una investigación que alcance a quienes dan las órdenes, ejecutan los hechos y reciben el dinero”, reiteró.
Ruta por la Ciudadanía llega a Santiago
La jornada realizada en Santiago forma parte de la Ruta por la Ciudadanía, iniciativa que, según la Defensoría del Pueblo, ha recorrido ocho provincias en aproximadamente un mes.
El recorrido incluye Dajabón, Nagua, San Francisco de Macorís, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, San Cristóbal y Santiago.
La institución informó que continuará llevando espacios de diálogo, orientación y educación en derechos a distintas comunidades del país, con la meta de cubrir todo el territorio nacional antes de finalizar el año.
