Los diputados conocerán hoy la pieza en segunda lectura, si no fuera aprobada en ambas cámaras perimiría el día 26
La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) y la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) manifestaron posturas divergentes respecto al anteproyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, que fue aprobado recientemente en primera lectura por la Cámara de Diputados.
Mientras, Acoprovi expresó su respaldo institucional al considerar que el nuevo texto recoge sus principales observaciones y fortalece el marco jurídico del mercado inmobiliario, la ABA mostró preocupación por la inclusión de disposiciones que, según afirma, asignan funciones indebidas a las entidades bancarias y generan inseguridad jurídica.
En un comunicado oficial, Acoprovi valoró positivamente que la Cámara Baja haya acogido varias de sus recomendaciones presentadas el pasado 3 de julio. La entidad afirmó que la versión actual del anteproyecto representa un avance hacia un marco normativo más claro, coherente con el derecho civil y adaptado a la realidad del mercado de alquiler en el país.
Entre las mejoras destacadas, la organización citó la eliminación de la cláusula de conciliación preprocesal obligatoria, que —según explicó— reducía la eficiencia del sistema judicial al imponer una etapa innecesaria en la resolución de conflictos entre arrendadores e inquilinos. También celebró que el texto precisa que el aumento del canon de arrendamiento, limitado a un 10%, solo se aplicará cuando no exista un acuerdo expreso entre las partes, lo cual respeta la autonomía contractual.
Otro cambio valorado fue la supresión de la disposición que otorgaba al inquilino una opción de compra obligatoria sobre el inmueble arrendado. A juicio de Acoprovi, esa medida limitaba de forma injustificada el derecho de los propietarios a disponer de su bien conforme a su legítimo interés.
La asociación también resaltó la remisión de las sanciones aplicables en procesos de desahucio al marco previsto por la Ley sobre la Fuerza Pública, lo que unifica los criterios en materia de ejecución judicial.
Asimismo, consideró positiva la introducción de un plazo máximo de 15 días hábiles para apelar sentencias en materia de vivienda, al entender que aporta mayor certeza jurídica y orden al procedimiento. “Con la riqueza que posee ahora la pieza, entendemos que República Dominicana está más cerca de contar con un instrumento normativo equiparable a las mejores prácticas regionales”, afirmó Acoprovi, al reiterar su respaldo al proceso legislativo en curso.
En contraste, la ABA expresó en una carta enviada al Congreso sus reservas técnicas con respecto a varios artículos del proyecto, en particular los numerados 15 y 16. El gremio, presidido por Rosanna Ruiz, cuestionó que se contemple el depósito obligatorio de la garantía del contrato de alquiler en entidades bancarias, al considerar que se trata de una función ajena a su rol y sin sustento en la legislación vigente.
Según la ABA, aunque la medida podría interpretarse como una vía para fomentar la bancarización y trazabilidad, en realidad convierte a los bancos en intermediarios obligatorios de un contrato privado entre arrendador e inquilino, lo que desvirtúa su naturaleza jurídica. “Imponer su gestión obligatoria a través de una entidad financiera altera su esencia y añade un actor externo sin atribuciones claras”, advierte el gremio.
En su misiva, la ABA criticó además que se ordene a los bancos entregar dichas garantías “sin más trámite”, sin que el texto legislativo defina criterios objetivos, condiciones de cumplimiento o procedimientos en caso de disputa entre las partes. La entidad considera que esto abre espacio a controversias legales y decisiones arbitrarias.
Otra de las objeciones centrales está relacionada con la obligación de notificar los contratos al órgano supervisor del sistema bancario. La ABA sostiene que ello implicaría una carga operativa “sin precedentes” y completamente alejada de sus funciones, al exigir desarrollos tecnológicos especiales, capacitaciones, segmentaciones de productos y mecanismos para identificar depósitos bajo la categoría de “garantías de alquiler”.
De aprobarse sin modificaciones, la redacción actual colocaría a las entidades bancarias en una posición similar a la que enfrentan con los embargos, donde —según la ABA— persisten abusos derivados de la falta de control judicial. Advirtió que el proyecto podría, lejos de resolver una necesidad, generar nuevas incertidumbres legales, afectar la libertad de empresa y desalentar la inversión en el sector inmobiliario.
Cuidado con las restricciones
En un comunicado de prensa, la ABA alertó que las restricciones propuestas afectan el principio de libertad de contratación y comprometen la negociación entre partes, al tiempo que podrían frenar la creación de nuevos proyectos habitacionales destinados al alquiler, con un efecto negativo sobre la construcción, uno de los sectores con mayor impacto multiplicador en la economía.
Aunque ambas entidades coinciden en la importancia de regular el mercado de alquiler con mayor claridad, sus posiciones revelan diferencias de enfoque sobre el alcance de la regulación. Mientras Acoprovi pone el acento en el equilibrio contractual y la seguridad jurídica para dinamizar el sector vivienda, la ABA plantea preocupaciones sobre las funciones asignadas al sistema bancario y sus implicaciones jurídicas.
La discusión cobra especial relevancia dado que el anteproyecto ya fue aprobado en primera lectura por los diputados y continúa su curso legislativo. En el día de hoy será conocido en segunda lectura en la cámara baja y perimiría el 26 de este mes, si no es aprobado por ambas órganos legislativos, es decir, por la de Diputados y por el Senado de la República. Tanto Acoprovi como la ABA reiteraron su disposición de colaborar con el Congreso para que la versión final logre un balance funcional, sin desnaturalizar las relaciones entre privados ni generar distorsiones en sectores clave de la economía dominicana.
Actores fundamentales para perfeccionamiento
En el contexto de esta discusión legislativa, tanto Acoprovi como la ABA se han posicionado como actores fundamentales para el perfeccionamiento del anteproyecto, aunque con intereses distintos. Mientras el sector construcción celebra una versión más afinada y favorable al dinamismo inmobiliario, la banca insiste en que el Congreso debe proceder con cautela para evitar que una normativa bien intencionada derive en consecuencias imprevistas y costosas. El punto de mayor fricción se ubica en la intención del legislador de convertir a las entidades bancarias en custodios obligatorios de las garantías de los contratos.
Lo funcional
Tanto Acoprovi como la ABA reiteraron su disposición de colaborar con el Congreso para que la versión final logre un balance.
