Un aumento sostenido de US$10 en el petróleo elevaría en US$800 millones la factura energética anual del país
El conflicto en Irán, tras los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos, podría convertirse en un factor de presión económica para diversas partes del mundo, incluida República Dominicana, si la escalada militar se traduce en un aumento sostenido del precio del petróleo en los mercados internacionales.
Se trata de un impacto no sería inmediato ni automático, pero sí potencialmente relevante si el crudo se mantuviera elevado durante semanas o meses.
Los mercados suelen reaccionar frente a eventos de esta naturaleza, y por el caso en cuestión, ya hay algunos movimientos. Por ejemplo, el petróleo Brent subió cerca de 10% el domingo en operaciones extrabursátiles, situándose cerca de US$80 por barril. Venía de cotizar en US$72.48 y el viernes cerró en US$73. Ayer lunes en la mañana se mantenía en poco más de US$79. En Estados Unidos, el barril de referencia avanzó más de 8%, hasta US$72.70. Al cierre de la jornada de ayer lunes finalizó en US$71.23, con un incremento de 6.28%.
En el peor escenario que manejan analistas internacionales, el precio podría escalar hacia los US$100 si el conflicto se prolonga o si se produce una interrupción relevante en la oferta.
La mirada, a propósito de esta situación, se centra en el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial y una proporción similar del gas transportado por mar.
Tras advertencias iraníes a buques tanque, al menos 150 embarcaciones que transportaban crudo, gas natural licuado y derivados permanecían ancladas en aguas del Golfo, indican reportes internacionales. Aunque Irán no ha confirmado formalmente un bloqueo, el solo riesgo de interrupción ha subido la prima de precios. De acuerdo con analistas si el cierre del estrecho se prolonga, el mercado podría acercarse rápidamente a los US$100 por barril. Algunos señalan que una guerra abierta podría llevar el crudo por encima de ese nivel, otros proyectan precios por encima de US$90 en el corto plazo. El salto, en el peor escenario, sería desde los US$67 que marcaba el barril el viernes en la noche hasta tres dígitos. En paralelo, el grupo OPEC+ acordó aumentar su producción en 206,000 barriles diarios a partir de abril, un incremento que representa menos del 0.2% de la demanda mundial. El ajuste es considerado moderado y difícilmente compensaría una disrupción mayor en la oferta si el conflicto escala.
El economista Raúl Ovalle, director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y articulista del periódico elCaribe, explicó ayer en el programa Despierta con CDN, que República Dominicana es un país importador neto de hidrocarburos y que su factura petrolera ronda los US$4,800 millones anuales, considerando la canasta completa de importaciones energéticas, dominada por el gas natural, pero que incluye GLP, gasolina refinada y petróleo.
Ovalle plantea un ejercicio clave para dimensionar el riesgo. Si el precio promedio de esa canasta aumentara en US$10 durante un año completo (y subraya que se trata de una frecuencia anual, no de una variación puntual de días), la factura energética dominicana podría incrementarse en cerca de US$800 millones. Es decir, que durante doce meses el país tenga que comprar cada unidad de combustible a US$10 adicionales respecto a un escenario base. Ese aumento implicaría mayores requerimientos de divisas para pagar importaciones y podría generar presiones sobre el mercado cambiario si no se gestiona adecuadamente. No obstante, Ovalle considera que el país cuenta con un colchón importante, que son las reservas internacionales del Banco Central, que superan los US$12,000 millones, lo que ofrece margen para mitigar tensiones externas. De acuerdo con el punto de vista del profesional de la economía, el impacto no sería inmediato. Antes de que un aumento internacional se refleje en el mercado local deben agotarse los inventarios adquiridos a precios anteriores. Solo cuando se compren nuevos cargamentos a precios más altos se materializaría el ajuste. De ahí que la duración del conflicto sea determinante. Si se trata de un episodio limitado que se contiene en semanas, podría diluirse sin mayores efectos estructurales.
En el caso del gas natural, aunque Irán es una superpotencia en reservas, la República Dominicana no importa ese combustible desde Medio Oriente, sino desde la costa este de Estados Unidos. Eso reduce el riesgo operativo de que no llegue suministro. Sin embargo, el riesgo de precio permanece. El contenedor marginal puede encarecerse por mayores costos de seguros, fletes y primas de riesgo en un entorno geopolítico inestable.
Si toca alimentos, industria…
Ovalle advierte también sobre efectos de segunda vuelta. Los combustibles son un insumo productivo transversal. Un encarecimiento sostenido podría trasladarse gradualmente a transporte, alimentos, industria y generación eléctrica, presionaría la inflación y prolongaría una posible desaceleración económica. El efecto dependerá del tiempo que el precio se mantenga elevado y de la magnitud del incremento.
En el plano fiscal, según su análisis, el impacto dependerá de la decisión del Gobierno. Si opta por mantener el subsidio semanal a los combustibles y no transferir el aumento a los consumidores, el déficit fiscal se ampliaría en la medida en que el Estado asuma el mayor costo. Para Ovalle, un incremento sostenido de US$10 es gestionable tanto en términos de divisas como fiscales.
El escenario más complejo sería uno en el que el conflicto se prolongue por meses, incorpore nuevos actores regionales y el precio del petróleo suba US$15 o US$20 por barril durante un año completo. En ese caso, las consecuencias macroeconómicas serían más profundas, con mayores presiones inflacionarias y fiscales, lo que eventualmente obligaría a trasladar parte del costo a hogares y empresas. Irán posee las cuartas mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con 170,000 millones de barriles, alrededor de 9% del total global, y es uno de los principales productores dentro de OPEC. Aunque sus exportaciones representan entre 3% y 4% del mercado global, su ubicación estratégica le otorga una influencia mayor en la seguridad energética mundial.
Ante este entorno, Ovalle retoma una propuesta que había planteado previamente: que República Dominicana adopte una política de Estado de seguro contra incrementos de precios de hidrocarburos. Habla de avanzar hacia una “fiscalidad 2.0” que institucionalice mecanismos de protección de las finanzas públicas frente a choques externos.
Consejo consultivo, una idea que adquiere valor
La idea planteada por el economista y catedrático Raúl Ovalle (ya se había referido a ella año y medio antes) incluiría la creación de un consejo consultivo que monitoree desarrollos geopolíticos, estime probabilidades de impacto y evalúe magnitudes potenciales, con apoyo de expertos locales e internacionales. No se trata de reaccionar cuando la crisis ya esté en marcha, sino de gestionar de manera proactiva riesgos que el país no puede controlar.
Por ahora, el dato que se tiene bien claro es que el conflicto apenas comienza y el impacto en República Dominicana es una posibilidad, no un hecho consumado.
La variable decisiva parece que será el tiempo. Si el petróleo se estabiliza en niveles moderadamente superiores y la escalada se contiene, el efecto podría ser manejable. Si, por el contrario, el crudo se instala cerca o por encima de los US$100 durante un periodo prolongado, el choque dejaría de ser una hipótesis y se convertiría en un desafío concreto para la economía de República Dominicana.
