“Las distribuidoras fueron un instrumento clientelista del PLD”

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Antonio Almonte es especialista en ingeniería nuclear; ha trabajado como consultor privado en proyectos eléctricos convencionales.
Almonte dice “al Gobierno le entregaron un desastre en las distribuidoras eléctricas Edesur, Edenorte y Edeeste”

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, aseguró ayer que el Gobierno se ha encontrado con que las empresas distribuidoras de electricidad (Edesur, Edenorte y Edeeste) tienen elevadísimos gastos espurios y acusó al Partido de la Liberación Dominicana -PLD- de haber articulado esas empresas a la estrategia electoral de reelección indefinida en el poder.

“Lo hacían por vía de una empleomanía que rondaba los diez mil empleados, cuando debió ser cuatro mil, cinco mil, o menos. Y lo hacían también mediante centenares o decenas de subcontrataciones vía las tres empresas distribuidoras, contratando suplidores o compañías de servicios técnicos que estaban asociadas a líderes político-partidarios”, sostuvo.

Criticó que esa calidad de servicios y el costo de los mismos los tuviera que pagar el pueblo dominicano, porque eso formaba parte de supuestos proyectos de solución de pérdidas en el sector eléctrico. “Eso hay que decirlo, porque esa es la verdad. Hubo una politización extrema de las distribuidoras, que ha sido uno de los factores fundamentales del peso del déficit del sector eléctrico”, agregó.

Dijo que no se trata solo de lo que le cuesta en términos directos esas subcontrataciones a las distribuidoras de electricidad, sino también las trabas que constituyeron para la solución de las pérdidas y el fortalecimiento de las redes en el país. “A eso hay que sumar la desconfianza que se generaba en los inversionistas privados en el área de generación, en el sentido de que cualquier inversionista extranjero, por ejemplo, de generación, lo primero que ve es quién le va a pagar la energía que vende. Y si quien te va a pagar tiene un 30, un 35 o 37% de pérdida, entonces el inversionista acaba preguntándose quién le va a pagar. La inversión en generación se condiciona en función de eso”, explicó.

Para sustentar sus planteamientos sobre los gastos espurios que tenían las empresas y quienes las dirigían expresó: “Digo espurios, porque como sabemos las distribuidoras tienen costos operacionales que son imprescindibles. El tema está en la calidad de esos costos, de esos gastos operacionales”, sostuvo, en una entrevista con el periódico elCaribe.

Calculó que esos gastos operacionales a los que hace referencia oscilan entre el 20 y el 23 por ciento, respecto a sus ingresos. Dijo que el estándar de América Latina –que no es el mejor estándar- es de alrededor del 10% de los gastos, respecto de sus ingresos, mientras que las distribuidoras más depuradas tienen gastos que van entre el 4 y el 6% de sus operaciones. “Entonces, aquí tenemos veinte y pico por ciento y tenemos tres veces más pérdidas, y en algunos casos cuatro veces más pérdidas que las distribuidoras típicas de América Latina. Eso quiere decir que lo de aquí, de nuestro país, ha sido un desastre”, apuntó Almonte.

“En términos generales, lo que entregaron a nivel de las distribuidoras fue un desastre”, aseguró. El gerente general de Edesur en la pasada administración fue Radhamés del Carmen, el de Edenorte, Julio César Correa, y el de Edeeste, Luis Ernesto de León.

De otro lado, el ministro Almonte informó que las distribuidoras tenían tres consejos de administración, a razón de una por cada empresa. Pero ahora se decidió conformar un solo consejo –que reúne a las tres distribuidoras-, porque todas tienen actividades esencialmente iguales, aunque su área de trabajo esté en ámbitos diferentes. El consejo de la CDEEE se eliminó. “Sí ustedes examinan las distribuidoras que nosotros recibimos, cada una tenía un sistema de comercialización, de cobros y de política diferente. Estamos tratando de coherenciar las actividades que pueden ser comunes”, indicó Almonte, respondiendo a preguntas formuladas por Héctor Linares, Héctor Marte y Martín Polanco.

El funcionario estuvo acompañado en el encuentro de Rafael Gómez del Giudice, viceministro de Energía, y Domingo del Pilar, gerente de Comunicaciones del Ministerio de Energía y Minas.

Antonio Almonte fue muy directo en sus planteamientos. Y lo ha sido, incluso, antes que se le designara como ministro a través del decreto presidencial número 324-20. “Las distribuidoras tienen miles de demandas judiciales, de ciudadanos y compañías y otros, en algunos casos por cuestiones que tienen que ver con apagones y en otros por desconexiones. Pero en otros casos no son por eso. Las pérdidas que nosotros tenemos por ese concepto son bien grandes. El dinero que tenemos que pagar por ese concepto es bien elevado. Todo eso cuesta mucho dinero”, aseguró.

Sostuvo que las actuales autoridades de las instituciones eléctricas trabajan en el establecimiento de los criterios de contratación de servicios con las compañías, que sean transparentes, que todo lo que se haga mediante licitaciones y que éstas se realicen con transparencia y con publicaciones en los portales de las distribuidoras, de los procesos.

Explicó que el consejo unificado de las empresas distribuidoras ha creado varios comités de fiscalización y control, de tal manera que Edeeste, Edenorte y Edesur no pueden (como lo hacían antes) ellas solas realizar las contrataciones.

“Las distribuidoras tenían también un ejercicio de compras de vehículos. Se compraban flotillas y se abandonaban al poco tiempo de una manera indiscriminada. Y usted tiene una empresa como Edeeste, que tiene unos indicadores terribles, negativos y usted se encuentra con que estaba construyendo un edificio de lujo”, sostuvo el ministro Almonte.

El consejo único que existe está evaluando todos los contratos suscritos por las distribuidoras de electricidad. “Se va a eliminar lo que haya que eliminar y se iniciarán investigaciones en los casos que se requiera. Y en lo referente al personal de las empresas distribuidoras se hará un ajuste para dejar al personal necesitamos. Y posiblemente vamos a contratar más personal, pero eso se haría en función de agregarle calidad a las operaciones que se realizan”, adelantó.

El propósito es antes de diciembre rendir un primer informe sobre algunos ajustes, en lo referente a reducción de costos de las distribuidoras. “Y es nuestra meta al final del año próximo es tener reducidos en más de un 25% los gastos operacionales de las distribuidoras y al final del cuatrienio nosotros debemos estar en el estándar internacional, de alrededor del 10%, respecto a los ingresos”, pronosticó el ministro Antonio Almonte.

Explicó que se establece ese horizonte de riesgo, porque las reducciones que vayan a hacerse del personal y de algunos costos, tienen que hacerse sin que se sacrifique la funcionalidad de las tres distribuidoras eléctricas.

El ministro Almonte se preguntó ayer por qué el país ha tenido tantos préstamos internacionales durante décadas para fortalecimiento de redes y reducción de pérdidas y las estadísticas en esas dos áreas siguen igual. “El tema no es que usted consiga el financiamiento y que formule proyectos. El tema es la calidad de la ejecución de esos proyectos. Si usted compra vasos para dejarlos romper y a los tres días cambiar el mismo vaso, entonces usted va a hacer proyectos, inversiones pero el vaso sigue roto”, argumentó el funcionario público.

De otro lado, según un documento entregado a este diario, para rehabilitación de redes eléctricas y para reducción de pérdidas de energía, entre 2012 y 2018 los montos ejecutados en proyectos terminados fueron: US$149.8 millones del BID, US$113.14 millones de OFID y US$42.8 millones del Banco Mundial.

Importante seguir llegando a lo rural

Con relación a la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), el ministro de Energía considera importante que se siga impulsando la electrificación hacia las localidades rurales. Tiene la esperanza de que en algún momento se tenga la totalidad de la población electrificada, pero dejó claro que hay localidades donde siempre estarán muy esparcidos los habitantes, lo que hace costoso tender redes, subestaciones y otros “para dar electricidad a tres personas que viven aquí; a cinco kilómetros a dos personas más, y luego a otras cuatro”.

Favorece la minería, si se hace con responsabilidad

El sector minero reviste de mucha importancia para el Gobierno y es una prioridad en cierto sentido, en lo referente a la atención, según lo expuesto ayer por Antonio Almonte. Citó el aporte que hace y puede seguir haciendo la minería desde el punto de vista fiscal, a través de los impuestos.

“Tenemos evidencias de posibilidades de otros yacimientos en el país, no exactamente de oro, pero sí de algunos combustibles, cuya búsqueda y confirmación no deben pararse, sino que se debe facilitar la operación de empresas y compañías que puedan identificar las condiciones reales para fines de explotación”, indicó. “El Gobierno considera que el deber es la explotación responsable de todo ese potencial que hay. Y esa explotación responsable implica varios aspectos, entre ellos el tema de la sostenibilidad ambiental, que evite impactos negativos, y el aspecto social-comunitario, en cuanto al reconocimiento y respeto a las comunidades en términos sociales. Eso se regula en base a la ley, pero tenemos una ley minera que data 1971”, indicó.

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