El economista Haivanjoe NG Cortiñas presentó ayer una propuesta dirigida a la creación del Programa Nacional de Facilitación y Formalización de Inversionistas Extranjeros, con atención especial a la comunidad empresarial china.
La propuesta se enmarca en el contexto de recientes operativos de fiscalización que han generado preocupación por posibles prácticas discriminatorias contra ciudadanos chinos que operan negocios en el país. La iniciativa busca preservar el equilibrio entre la fiscalización legítima y el respeto al marco jurídico, para evitar que el esfuerzo por combatir la informalidad y la inseguridad en la construcción se traduzca en mensajes negativos hacia los inversionistas extranjeros, creando un clima de desconfianza.
“República Dominicana no puede darse el lujo de enviar señales de inseguridad jurídica o trato desigual. En un mundo globalizado, donde la inversión fluye hacia entornos más atractivos, previsibles y respetuosos del derecho, la percepción lo es todo”, afirmó NG Cortiñas.
La propuesta contiene cinco medidas concretas: La primera de ellas es una ventanilla única de formalización con asistencia bilingüe (español-mandarín), que elimine barreras idiomáticas, reduzca y simplifiqué trámites burocráticas; la segunda una moratoria de 6 meses para la regularización de negocios sin multas retroactivas, que incentive la entrada al marco legal sin represalias; la tercera una mesa de diálogo tripartito permanente, con el Gobierno, la Embajada de China y representantes del empresariado chino, para canalizar soluciones y cooperación; la cuarta establecer protocolos de fiscalización no selectivos, basados en indicadores de riesgo y no en la nacionalidad de los propietarios, y la quinta es sobre la simplificación de procesos y tecnología adaptada, como la facturación electrónica con soporte técnico inclusivo, zonas comerciales y promover un tipo de inversión que combina comercio, cultura e integración social”, enfatizó NG.
De hecho, calculó, China ya es el segundo socio comercial de República Dominicana, con un intercambio que supera los US$5 mil millones anuales, y más de US$23 mil millones acumulados entre 2020 y 2025. A su vez, el Barrio Chino de Santo Domingo se ha convertido en un referente de revitalización urbana y dinamismo comercial. “Es una tarjeta de presentación del país ante el mundo. Lo que necesitamos no son operativos intimidatorios, sino instituciones que acompañen, eduquen y fortalezcan la formalidad con inteligencia y visión”, sostuvo NG Cortiñas.
El economista advierte que cualquier práctica que viole el principio de trato equitativo podría abrir la puerta a litigios internacionales bajo el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri) suscrito con China. “La comunidad china no es un actor marginal. Ha invertido durante décadas en nuestro país y hoy es un socio económico de primer orden. De los más de 2,000 negocios chinos identificados en el país, muchos generan empleo, revitalizan zonas comerciales y promueven un tipo de inversión que combina comercio, cultura e integración social”, enfatizó.
La propuesta destaca que el verdadero reto está en corregir las causas de la informalidad, como la complejidad tributaria, barreras culturales y falta de asesoría accesible, no en castigar de manera desigual a ciertos grupos. La iniciativa no defiende ilegalidades, busca que se proteja el principio de igualdad ante la ley y proyectar al país como un destino de inversión seguro.
