Mayor asignación a la JCE para organizar elecciones y baja en subsidios a los combustibles guiarán cambios
El Gobierno se propone presentar la próxima semana el Presupuesto Complementario 2023 y aunque todavía falta por definir el monto de la propuesta, ya tiene identificadas al menos dos partidas que inciden en el nivel del gasto original.
Las autoridades fiscales tienen definido un aumento del gasto inherente al proceso electoral que no se consignó en el presupuesto original y también han hecho una estimación del ahorro en el gasto por subsidios, básicamente el otorgado a los combustibles.
En forma consolidada, todas las proyecciones fiscales referidas al precio del petróleo deberán ser revisadas para la nueva propuesta presupuestaria, porque la cotización del crudo ha estado por debajo, durante todo el período ejecutado, del promedio proyectado para el año 2023.
El Gobierno estimó que el barril de petróleo promediaría durante el año US$89.1, y en la práctica la cotización del llamado “oro negro” ha fluctuado en torno a US$70.00. El comportamiento del precio del petróleo en la primera mitad del 2023 ha sido diferente a la del período similar del 2022. En aquella ocasión el precio del mercado estuvo siempre por encima de la cotización estimada, que para el año completo había sido de US$62.70 el barril, pero que cuando se presentó el presupuesto reformulado de ese año, en julio, rondaba los US$98.00. Ahora, la proyección del 2023 ha superado en promedio los US$15.00 por barril al costo real del mercado, lo que le da un respiro fiscal al Gobierno.
Debido a ese comportamiento favorable en la ejecución presupuestal del primer semestre del año el Gobierno ha tenido un ahorro importante en al menos el subsidio a los combustibles, que el año pasado implicó unos RD$40,000 millones y que para el año en curso se estimó en RD$20,000 millones, según declaró ayer en el programa de televisión Hoy Mismo el ministro de Hacienda, Jochi Vicente.
El funcionario anunció que ese ahorro, que estimó en RD$15,000 millones, será parte de las partidas de gastos que se reorientarán en el presupuesto “reformulado”, definición que aseguró es la que le da el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.
Los presupuestos suelen ser modificados para incorporar gastos no contemplados en la propuesta original y en ocasiones para adherir ingresos extraordinarios, o por una combinación de ambos actores. El Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 fue aprobado en su versión original por un monto de gastos de RD$1,247,578.1 millones.
En el comportamiento actual de las finanzas públicas aunque los ingresos han estado superando las metas, el incremento no lleva un ritmo extraordinario. Los gastos han tenido una ejecución dentro de los niveles previstos, y en el caso de los subsidios han disminuido las partidas asignadas a los combustibles y a los alimentos.
El año pasado el Gobierno otorgó subsidio para mantener sin variación por un año los precios de los combustibles por unos RD$40,000 millones y para los comestibles básicos otros RD$4,500 millones, además de RD$2,400 millones para los fertilizantes y RD$1,100 millones para los choferes. Todos esos montos fueron incorporados en el presupuesto reformulado del 2022, porque no estaban consignados en la propuesta inicial.
En el escenario de “riesgo fiscal” que se plantea en el presupuesto original del 2023 hay referencias de posibles alteraciones o “desviaciones” en los pronósticos macroeconómicos. La propuesta describe que los riesgos fiscales “surgen a partir de desviaciones en los pronósticos para las variables macroeconómicas claves que pudieran provocan distorsiones en los resultados y en el desempeño fiscal”.
El Ministerio de Hacienda y su Dirección General de Presupuesto (Digepres) expusieron que “las perturbaciones en variables como el PIB, la inflación, las tasas de interés, los precios de los commodities, y los tipos de cambio, pueden tener grandes implicaciones para los ingresos, gastos y financiamiento del gobierno”.
Las autoridades del Ministerio de Hacienda también contemplan incorporar al presupuesto complementario reasignaciones de recursos al Ministerio de Obras Públicas para la ejecución de obras e infraestructuras estatales.
Ayer el ministro Vicente habló sin citar cifra de esas reasignaciones presupuestarias y del aumento de recursos a la Junta Central Electoral (JCE). Cuando los entrevistadores le preguntaron por montos, respondió que quien espera lo mucho espera lo poco y que ya la próxima semana se sabrán los detalles, cuando se presente la reformulación del PGE 2023.
Por las declaraciones del funcionario y las explicaciones consignadas en el presupuesto en curso relativas a riesgos fiscales, se interpreta que el Gobierno no tiene cabos sueltos, al menos teóricamente. Las definiciones de los diferentes riesgos eso indican. “Riesgos fiscales específicos: estos se originan por la materialización de ciertos pasivos contingentes, es decir, obligaciones del Estado que surgen ante eventos particulares de naturaleza incierta. Los pasivos contingentes se clasifican en explícitos e implícitos. Los explícitos, son las obligaciones sujetas a condiciones especificadas de forma legal o contractual, mientras que los implícitos no están especificados legalmente, pero surgen como resultado de coyunturas políticas o presiones sociales. Riesgos estructurales o institucionales: se definen como las limitaciones institucionales en cuanto al manejo y capacidad de mitigar de forma efectiva los riesgos fiscales”, expone.
Dos décadas de experiencia
El Ministerio de Hacienda concluye así su panorama de contingencia: “La materialización histórica de los riesgos fiscales indica que, durante los últimos 20 años, en la República Dominicana los riesgos de mayor peso se han caracterizado por ser poco frecuentes, pero con niveles de impacto considerables. Para la República Dominicana, los riesgos fiscales identificados como los de mayor impacto fiscal potencial en el corto y mediano plazo son riesgos asociados a choques macroeconómicos, en particular los relacionados a fluctuaciones de los precios de los commodities y otras perturbaciones externas. Además de estos, se destacan las finanzas de las empresas del Estado, principalmente las del sector eléctrico, los desastres naturales y riesgos asociados al sistema financiero”. “Otros riesgos de menor incidencia incluyen la deuda de los gobiernos locales, las sentencias condenatorias en contra del Estado, obligaciones futuras del sistema de pensiones de reparto del Estado y los compromisos asociados a los contratos de Alianza Púbico-Privada”, agrega.
