El país figura en la posición 75 entre 82 jurisdicciones evaluadas en el Índice de Atractivo de Inversión Minera
República Dominicana posee un notable e indiscutible potencial minero y una tradición extractiva en expansión, pero aún no logra convertir esos activos naturales en un verdadero motor de crecimiento económico sostenido.
Así lo sostiene el economista Daniel De Lemos, en un artículo publicado en la página del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES). En el escrito advierte que la minería refleja con nitidez el marco institucional y regulatorio de un país, y su desarrollo depende, sobre todo, de la estabilidad de las normas, la eficiencia de los procedimientos y la seguridad jurídica que respalden la inversión.
De Lemos explica que los países con reglas claras y procesos previsibles suelen atraer más capital, impulsan la exploración y el aprovechamiento responsable de sus recursos naturales. En cambio, aquellos donde prevalece la incertidumbre o la discrecionalidad, ven cómo los proyectos se retrasan, se encarecen o simplemente no se realizan.
En la publicación del citado economista De Lemos se indica que el más reciente Annual Survey of Mining Companies 2024, elaborado por el Fraser Institute, ofrece una radiografía precisa de este fenómeno. Su Índice de Atractivo de Inversión Minera combina la calidad del entorno institucional y de las políticas públicas con el potencial geológico de cada jurisdicción, convirtiéndose en una referencia internacional para medir la competitividad del sector.
Caso de interés
Los resultados muestran cómo las condiciones institucionales influyen directamente en la disposición de las empresas a invertir y desarrollar proyectos de largo plazo.
Así “las cosas”, República Dominicana aparece como un caso de especial interés. Dispone de recursos minerales importantes y una industria con experiencia creciente, pero los resultados del índice dejan ver que su potencial no está siendo plenamente aprovechado. Para De Lemos, entender las causas de esta situación permite identificar los obstáculos específicos del sector y reflexionar sobre los factores estructurales que inciden en la inversión, la productividad y el crecimiento económico.
El análisis del “Fraser Institute” muestra que la República Dominicana enfrenta desafíos significativos para atraer inversión minera. En la última edición del índice, el país obtuvo 35.1 puntos, ocupa el puesto 75 entre 82 jurisdicciones evaluadas, mientras que en 2020 había alcanzado 56.5 puntos, y se situaba en el lugar 59 de 77. Esa comparación revela una pérdida de atractivo tanto absoluto como relativo.
El índice se compone de dos componentes: Percepción de Políticas Públicas (PPI) y el Índice de Potencial Minero.
La percepción de políticas públicas representa 40% de la ponderación total y el potencial minero 60%.
Este esquema busca reflejar tanto las condiciones naturales como el entorno institucional que incide en las decisiones de inversión.
En el Índice de Percepción de Políticas Públicas, República Dominicana muestra un retroceso con respecto a 2020. Según el experto, esto indica que persisten percepciones de incertidumbre regulatoria, demoras en los procesos administrativos y una carga tributaria compleja. Aclara que ese deterioro no es irreversible: “Muchos de los factores evaluados pueden mejorar mediante reformas regulatorias, claridad normativa y mayor calidad institucional”, apunta.
Más detalles
El Índice de Potencial Minero, que asume un escenario hipotético de “mejores prácticas” regulatorias, coloca a República Dominicana entre las jurisdicciones con menor atractivo geológico percibido. De Lemos dice que esta calificación no refleja necesariamente la realidad física del subsuelo, sino las limitaciones derivadas del bajo nivel de exploración.
“La falta de inversión en prospección, producto del entorno institucional adverso, reduce la información disponible sobre la verdadera riqueza mineral del país”, advierte. En otras palabras, la baja puntuación puede ser más un síntoma de limitaciones institucionales que una descripción geológica del territorio.
Los resultados del índice muestran marcadas diferencias entre los países latinoamericanos en cuanto al atractivo para la inversión minera. Aunque la región comparte un vasto potencial geológico, las diferencias regulatorias y de gestión institucional determinan qué países logran atraer mayor capital.
Con 80, Guyana está primero
En el ranking regional, Guyana lidera con 80 puntos, seguida de Chile (68.8) y Argentina (67.6). Estas naciones destacan por ofrecer marcos regulatorios más predecibles y administraciones que reducen la incertidumbre en los procesos de concesión o fiscalización minera.
Más abajo se ubican Perú (61.2), México (54.5), Brasil (51.2), Ecuador (47.8) y Colombia (44.3). República Dominicana, con 35.1 puntos, se sitúa por debajo del promedio regional, aunque por encima de Bolivia (30.0) y Surinam (24.9).
Responsabilidad fiscal y lo planteado por CREES
Más allá del reto de atraer inversión, la administración de los ingresos provenientes de la minería representa un desafío clave para la sostenibilidad fiscal y el desarrollo a largo plazo. De Lemos enfatiza que cuando esos recursos se destinan al gasto corriente, su impacto se diluye rápido y no contribuye a fortalecer la capacidad productiva. “La clave está en institucionalizar mecanismos que promuevan el ahorro y la inversión”, asegura. En esa línea, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), que tiene al economista Miguel Collado como vicepresidente ejecutivo, ha planteado en su Anteproyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal la creación del Fondo de Estabilidad y Sostenibilidad Fiscal. Este instrumento busca separar los ingresos extraordinarios del ciclo de gasto corriente, administrándolos con criterios de ahorro y planificación de largo plazo.
