A pesar de los progresos en las últimas décadas, en la República Dominicana, la inseguridad alimentaria sigue siendo un problema serio. No hay datos precisos sobre el porcentaje de la población que carece de acceso seguro a alimentos en cantidades suficientes y con calidad adecuada para poder llevar una vida sana y activa. Tampoco respecto a dónde vive esa población o sobre cuáles son sus medios de vida.
Sabemos, sin embargo, que, según estimaciones de la FAO, alrededor del 12% de la población, está subalimentada, es decir, ingiere un número de calorías por día menor al nivel recomendado. Esto es más de un millón doscientas mil personas. También conocemos que la pobreza monetaria extrema, es decir, la situación en la que se percibe un ingreso por debajo de lo que cuesta una canasta alimentaria básica, afecta en la actualidad al 6% de la población, y que los porcentajes más elevados se aprecian las regiones El Valle (San Juan y Elías Piña), Enriquillo (en especial Pedernales. Bahoruco e Independencia), Valdesia (en particular San José de Ocoa y Azua) y Yuma (específicamente municipios de Monte Plata, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y El Seybo). La pobreza monetaria debe de estar estrechamente asociada a la inseguridad alimentaria porque la no disponibilidad de ingresos para adquirir alimentos es una de sus causas más importantes.
La imagen tradicional
Por lo anterior, la imagen tradicional que tenemos del país en términos de hambre y pobreza es una en la que las zonas con mayor incidencia son las provincias del Suroeste (de oeste a este, desde Elías Piña, Bahoruco, Independencia y Pedernales hasta Ocoa) y varias de la región Yuma (desde Monte Plata hasta El Seybo).
Sin embargo, la inseguridad alimentaria no sólo se deriva de la pobreza sino también de vulnerabilidad frente a shocks y situaciones como inundaciones, deslizamientos, sequías y ocurrencia de tormentas y huracanes. También por el uso de suelos degradados que se traducen en baja productividad de la agropecuaria y bajos ingresos. Es cierto que donde hay más pobreza es muy probable que haya más inseguridad alimentaria. Pero también lo es que, independientemente del nivel de pobreza, un territorio sometido a frecuentes inundaciones es uno donde la gente, con más frecuencia que en otros, ve afectados o pierde sus medios de vida, lo que impacta en su situación alimentaria. Eso incluye territorios donde la incidencia de la pobreza no es particularmente elevada. Piénsese, por ejemplo, en el llamado Bajo Yuna. Sus niveles de pobreza son menores que en Elías Piña y San Juan, pero las inundaciones y la pérdida de los medios de vida son más frecuentes.
Lo anterior significa que si se quiere conocer quienes viven con mayores riesgos alimentarios y de otro tipo, no basta conocer quienes son los más pobres y donde viven, sino también quienes, por el lugar donde viven y por sus medios de vida, están más propensos a ser impactados por inundaciones, tormentas y sequías. Además, es necesario saber quiénes dependen de actividades agropecuarias que son realizadas en suelos degradados.
Una herramienta innovadora
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas ha desarrollado un interesantísimo instrumento que ha denominado Análisis Integrado de Contexto (ICA, por sus siglas en inglés) el cual busca identificar donde vive la gente en mayor riesgo y por qué.
El ICA combina los datos de incidencia de la pobreza extrema como aproximación a la inseguridad alimentaria con cuatro datos más por municipio del país. Primero, la frecuencia de inundaciones y deslizamientos. Segundo, la frecuencia de impactos de tormentas y huracanes. Tercero, la frecuencia de sequías. Cuarto, la degradación de la cobertura y el uso del suelo.
De esa forma, el ICA va construyendo un mapa del país por capas que va dibujando un territorio distinto al que describe la incidencia de la pobreza. Sobre el mapa de la pobreza va montando los otros cuatro mapas y termina con uno nuevo que combina todos esos elementos e identifica los municipios y provincias del país con mayores riesgos. Utiliza datos desde 2000 hasta 2015.
Inundaciones y deslizamientos
En contraste con el mapa de pobreza, el de inundaciones indica que los municipios con mayor frecuencia de estos fenómenos están en la Línea Noroeste, el Bajo Yuna, Barahona y Santo Domingo Norte. Esto era un resultado esperable porque esos territorios están en las partes bajas de las principales cuencas hidrográficas.
Muchos de los municipios más pobres como los ubicados en El Valle (Elías Piña y San Juan), Pedernales, Monte Plata, Hato Mayor, El Seybo y La Altagracia, registran poca frecuencia de inundaciones. Es también el caso de La Vega y los municipios en altura de San Cristóbal, Azua, y San José de Ocoa.
Por su parte, los deslizamientos son más frecuentes en municipios de las provincias de la costa norte, Barahona, Peravia, Azua y en las zonas altas de las provincias alrededor del Lago Enriquillo.
Cuando se combinan los datos de inundaciones y deslizamientos, los riesgos aparecen en la costa norte, en el Bajo Yuna, en Bahoruco, Independencia y Barahona, en la zona baja de Peravia.
Tormentas y huracanes
Los datos de la frecuencia de impacto de tormentas y huracanes construyen un mapa que los ubica en toda la zona este del país (La Altagracia, El Seybo, Hato Mayor, las zonas norte de San Pedro y La Romana y la zona este de Monte Plata), partes de Samaná y María Trinidad Sánchez, la zona norte de Santiago y la sur de La Vega, así como Monseñor Nouel.
La incidencia en toda la frontera, el Suroeste, la Línea Noroeste y la costa sur del país ha sido baja. También en la costa norte y el Cibao Central en general.
Sequías y suelos degradados
Los impactos de las sequías se concentran en Peravia, las zonas del sur de San Cristóbal y Ocoa, la provincia Independencia, las zonas bajas de San Pedro y La Romana, y el extremo oriental de Samaná y Puerto Plata.
El Este y el Cibao Central, Sánchez Ramírez y la mayor parte de Duarte muestran riesgos medios de sequía, mientras que El Valle, Azua, Monseñor Nouel, Monte Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y la parte oriental de la provincia Duarte, presentan riesgos bajos.
Por su parte, los municipios de las provincias de la frontera y de la Línea Noroeste son los que registran los mayores niveles de degradación de los suelos. Se observan niveles medios en la costa norte, San Juan, Azua, Ocoa y la zona oeste de Monte Plata.
Análisis integrado
Cuando todos esos niveles se combinan, el mapa cambia y permite tener una nueva mirada al país y a sus territorios. El nuevo mapa nos dice al menos tres cosas.
Primero, que, a pesar de ser las zonas más pobres, no todos los problemas, riesgos e inseguridad alimentaria se concentran en la frontera y Monte Plata, y no toda la frontera presenta riesgos altos. En la frontera, los municipios de mayor riesgo se ubican en Pedernales, Bahoruco, San Juan y la parte alta de Dajabón. Otros en Elías Piña y Dajabón muestran niveles menores.
Segundo, que otros municipios en otras provincias están entre los que presentan un altísimo nivel de riesgo. Destacan municipios de Azua, Ocoa, Monte Plata, Hato Mayor y El Seybo.
Tercero, que hay un alto riesgo en municipios de provincias insospechadas: La Vega, Sánchez Ramírez, Valverde, Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat y María Trinidad Sánchez. También en Barahona, San Pedro, La Romana y La Altagracia.
El tipo de análisis que proporciona el ICA permite identificar donde vive la gente vulnerable y por qué. Por ello, debe ser una herramienta imprescindible que oriente las intervenciones de las políticas en los territorios, tanto para fines de fortalecer las capacidades de resiliencia de las personas y sus medios de vida, como para atenuar los efectos de los shocks.
Por ejemplo, las políticas de desarrollo agropecuario deberían incorporar programas de fomento de cultivos con prácticas de conservación y regeneración de suelos con prioridad en los territorios donde se conoce que hay mucha degradación.
Por su parte, los mapas de riesgos por inundaciones deben orientar los programas de protección de las cuencas y de ubicación de asentamientos y actividades productivas. Además, las políticas de protección social y de transferencias monetarias deben formar parte de las respuestas frente a los desastres cuando la gente pierde sus medios de vida.
Estos mapas son utilísimos para todo eso.
