La primera piedra que encontraremos cuando decidamos transitar por el sendero del arbitraje es la “Declaración Conjunta Reunión binacional sobre la situación de las aguas transfronterizas del río Dajabón o Masacre” del 27 de mayo de 2021, emitida luego de la reunión de la Comisión Mixta Bilateral Domínico-Haitiana que tuvo lugar ese mismo día y que, luego de sus dos primeros “Considerando”, establece su único “Reconociendo” para señalar que “en base a las informaciones presentadas en el día de hoy por los representantes de la delegación de la República de Haití y en el espíritu de entendimiento e intercambio de informaciones como se encuentra planteado en el Tratado de 1929, que la obra iniciada en el río Dajabón o Masacre para la captación de agua no consiste en un desvío del cauce del río.” Dado que nadie ha invocado la falsedad de esa Declaración Conjunta, el árbitro querrá conocer el aparente cambio de posición de los representantes de República Dominicana.

Una posible explicación podría ser que, durante la reunión de la Comisión Mixta Bilateral, la parte dominicana tuvo muy poco tiempo para analizar las especificaciones técnicas y la ingeniería hidráulica que los representantes de la República de Haití entregaron en dicha reunión y, por tanto, la revisión se limitó a determinar si el proyecto implicaba o no un desvío del cauce del río, desvío que no tenía lugar. No hubo tiempo, sin embargo, para evaluar si el canal alteraría o no el caudal del río Masacre, algo que el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje del 20 de febrero de 1929, impide a cualquier obra de infraestructura física sobre el río Masacre, independientemente del país que la construya.

El árbitro solicitará a la parte dominicana los estudios demostrativos de la reducción del caudal del río Masacre que provocaría la construcción de dicho canal por parte de la República de Haití, un impacto que los representantes haitianos posiblemente negarán. Si el estudio de impacto es realizado por una firma dominicana, la parte haitiana podría objetarlo por sospechas legítimas de existencia de conflicto de intereses. Difícilmente una firma de ingeniería dominicana podría evacuar un informe totalmente independiente en momentos donde los vientos nacionalistas soplan a ambos lados de la frontera. Lo ideal sería que una firma de ingeniería hidráulica con reputación internacional, contratada por el PNUD, el BID o el Banco Mundial (MHW, Mouchel, Mott MacDonald, Atkins, Black & Veatch, Golder, Halcrow, entre otras), pueda emitir el dictamen sobre el impacto potencial que la construcción de dicho canal tendría sobre el caudal del río Masacre, identificando a los potenciales afectados por la merma del caudal. Si esa firma concluyese que la obra, al disminuir el caudal, perjudicaría a 125 agricultores haitianos y 266 dominicanos, el dictamen sería más creíble para el árbitro y para la comunidad internacional que si éste fuese el resultado de una evaluación imparcial de nuestros expertos en ingeniería hidráulica más reputados.

Aún con el respaldo de un estudio confiable e independiente de una firma global de ingeniería, debemos tener en cuenta que los representantes de la República de Haití, podrían exigir al árbitro que la parte dominicana entregue los estudios realizados por firmas similares en algunos de los canales de riego que, según ellos, nosotros hemos construido sobre ríos binacionales, para determinar si los mismos afectaron o no el caudal de dichos ríos. No podemos descartar que los representantes haitianos repitan ante el árbitro lo planteado por el profesor Maismy Mary Fleurant, vicerrector de Investigación de la Universidad Pública del Nordeste de Fort-Liberté, en el sentido de que “la República Dominicana, que protesta por la construcción de la obra en Pittobert, siempre ha gestionado de manera unilateral y abusiva el río Masacre. Hasta la fecha, la parte dominicana ha construido 11 obras, incluidos dos acueductos en Castellar-Loma de Cabrera y Dajabón, dos presas en Cabeza de Caballo y Los Miches, y cinco canales de riego en Juan Calvo, La Aduana, Los Veteranos, El Coco y Don Pedro. Este uso es un claro ejemplo de falta de respeto a los principios generales del derecho internacional fluvial en el uso y la gestión de los ríos transfronterizos”. Fleurant se lamenta de que “la parte dominicana no haya presentado información sobre sus propias obras durante esta Reunión Binacional sobre la situación de las aguas transfronterizas”. Estemos preparados para presentar esos estudios de impacto al árbitro.

La carta medioambiental es buena y en estos tiempos de cambio climático, muy efectiva. Los representantes de República Dominicana deben estar preparados para usarla. La efectividad de la misma, una vez más, dependerá de la nacionalidad y la reputación del emisor de la opinión. No tiene mucho valor frente al árbitro que sean los representantes dominicanos en el proceso de arbitraje quienes afirmen que la construcción del canal “implicaría un serio peligro de inundación en la época de lluvias para Dajabón y Ouanaminthe, incluyendo la planta de Codevi que emplea 14,000 haitianos y 1,000 dominicanos” o que “basado en (nuestros) razonamientos objetivos, la reducción del caudal del río que provocaría esa obra causaría un daño a la Laguna Saladilla, uno de los principales humedales del país, al ser esta la principal fuente de ese vital ecosistema lacustre de agua dulce”. Nuestros técnicos podrían ser los mejores del mundo, pero son nuestros técnicos y el árbitro, que debe ser un juez imparcial, valoraría más si esas afirmaciones emanan de un estudio de impacto ambiental realizado por una empresa global de prestigio. Para evitar la sospecha de que quien paga manda, el presidente Abinader debería acordar con el primer ministro Henry una solicitud de ambas naciones al PNUD, al BID o el Banco Mundial para que uno de estos organismos contrate una firma global (la canadiense Golder Associates, por ejemplo) para la realización de dicho estudio.

El discurso de los representantes dominicanos ante el árbitro y la comunidad internacional no debería ser de oposición al canal, sino de oposición a un canal de trasvase que provoque un desvío del curso del río o una disminución excesiva de su caudal. En esto tenemos que ser muy claros. Nuestro país no puede ni debe oponerse a que la República de Haití construya un canal de riego que tome provecho de las aguas de un río que, como el Masacre, es binacional. Ambas naciones tienen derecho a usufructuar sus aguas, sobre todo, para irrigar las tierras sembradas por los agricultores y productores de ambos lados de la frontera. Una oposición tajante a la construcción del canal, independientemente de que sea de riego o de trasvase, nos presentaría como un país que, al disponer de más recursos económicos y contar con fuerzas armadas muy superiores a la sumatoria del disminuido ejército y las bandas paramilitares haitianas, abusa de su posición dominante. Recordemos que, en el ámbito de los ríos binacionales e internacionales, uno de los principios fundamentales es el del uso equitativo y razonable de manera que todos los Estados sobre los que transita el curso del río reciban beneficios iguales en su uso.

Finalmente, un caveat que no podemos esconder debajo de la alfombra. Prácticamente todos los sistemas de irrigación, incluyendo los canales de riego, tienen un impacto negativo sobre el caudal de un río. Si el canal que los haitianos desean construir lo tiene, es posible que los canales que nosotros hemos construido en el pasado también lo tengan. El INDRHI, en un documento del 21 de mayo de 2021, estima en 3.22 m3/s las derivaciones de agua (directas y de regulación) de los 10 canales dominicanos dependientes del Masacre. La aspiración haitiana de extraer o derivar 1.5 m3/s en un solo punto para irrigar supuestamente unas 47,700 tareas, es comparable a la del canal Juan Calvo, el cual irriga 31,387 tareas. Ahora bien, una cosa es aspiración y otra muy diferente es la realidad. Ese estimado de extracción al que aspira a Haití asume un caudal promedio de 7.38 m3/s que supuestamente exhibe el Masacre en la estación hidrométrica “La Aduana” (más del doble de los 3.28 m3/s registrados en la estación “Don Miguel”). Ese promedio, sin embargo, incluye los caudales anormales y excesivos que se derivan de eventos hidrológicos extremos. La estadística más importante en el caso del caudal de un río no es el promedio (media), sino la moda, es decir, el caudal que más veces se repite durante el año. En el caso del Masacre, el INDRHI ha estimado que durante el 90% del tiempo se tienen caudales iguales o mayores de 0.61 m3/s, un nivel que no alcanza para satisfacer la aspiración haitiana de extraer o derivar permanentemente 1.5 m3/s. Algunos de nuestros expertos han señalado que la moda del caudal del Masacre es inferior a 1.0 m3/s. Por eso, su cruce a pie es posible durante buena parte del año.

Lo único realmente cierto en este debate binacional es que el agua que provee el Masacre es insuficiente para atender una demanda promedio de 3.8 (min 3.1 – max 4.5) m3/s en el lado dominicano y 3.25 (min 3.0 – max 3.5) m3/s en el lado haitiano. Dada esta inexorable realidad, lo razonable es que ambas partes se sienten a negociar una solución justa y equitativa de corto plazo que ponga fin a un impasse que sólo ha servido para unificar a nuestros vecinos contra “un enemigo común” que, hasta ahora, ha sido la nación más solidaria con Haití durante toda su historia. La negociación verdaderamente importante no es la magnitud de la captura de agua que acordemos con la República de Haití en el canal que desean construir. Lo verdaderamente importante es que las dos naciones acuerden y ejecuten un amplio y ambicioso programa de restauración y reforestación de las cuencas de los ríos fronterizos pues ambas naciones, una con mayor cuota que la otra, hemos sido altamente irresponsables en la administración y el cuidado de las cuencas que dan vida a los ríos dominico-haitianos y las decenas de ríos y afluentes de ambas naciones que los alimentan. Solo así tendría sentido la construcción, con el apoyo de las dos naciones, de la presa Don Miguel en la cuenca alta del Masacre.

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