San José. La Iglesia católica de Costa Rica se encuentra inmersa en una de sus mayores crisis tras una oleada de denuncias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, situación que ha obligado a los obispos a pedir perdón y a reconocer que su respuesta ante los casos no ha sido la adecuada.
En este país de 5 millones de habitantes, donde la religión católica está estipulada como oficial en la Constitución Política de 1949, se han desatado en los últimos meses numerosas denuncias de hombres que afirman haber sido abusados y violados por sacerdotes cuando eran menores de edad.
Uno de los casos más sonados es el del sacerdote Mauricio Víquez, acusado penalmente por violación contra un menor de edad. Un juzgado penal de Costa Rica giró el pasado 19 de febrero una orden de captura internacional contra Víquez, quien salió del país el pasado 7 de enero y cuyo paradero se desconoce.
El caso podría prescribir en septiembre próximo cuando se cumplan diez años desde que el denunciante cumplió la mayoría de edad, que es el plazo límite establecido por la legislación costarricense para el trámite de este tipo de casos.
El cura fue denunciado en octubre de 2018 por una supuesta violación sexual contra un menor que habría ocurrido en el año 2003 cuando se desempeñaba como sacerdote en la parroquia de San Juan Bautista de Patarrá de Desamparados, San José
Víquez también enfrenta otras nueve denuncias canónicas interpuestas por hombres que fueron en su mayoría monaguillos en iglesias de Tres Ríos, provincia de Cartago (centro) y Patarrá.
Estas denuncias no se tramitan en el ámbito penal porque están prescritas.
El otro sacerdote investigado por las autoridades judiciales desde el 25 de febrero pasado es el de Manuel Guevara Fonseca, sospechoso del delito de abuso sexual contra un menor de edad.
Hombre de 50 dice cura lo violó cuando era menor
El 21 de febrero un hombre mayor de 50 años identificado como Arnoldo Villalta denunció públicamente que cuando era menor fue violado por el sacerdote Hernán Castillo Huertas. La crisis de la Iglesia se agrava porque las víctimas afirman que la institución como tal y en algunos casos el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, han encubierto los casos.
