La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió, en un debate sobre la situación en Haití, que las autoridades del Estado caribeño alcancen un acuerdo para formar “sin demora” un gobierno de transición que frene los crecientes niveles de violencia de las bandas armadas en el país
En una carta abierta dirigida al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y a instituciones estatales, Amnistía Internacional, en compañía de otras seis organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmó que esas políticas migratorias se basan en la discriminación racial y generan efectos discriminatorios para la exclusión racializada de personas haitianas y dominicanas.
“El propio gobierno dominicano ha comunicado que deportó a más de 250.000 personas haitianas en 2023, incluyendo a personas que están en necesidad de protección internacional”, afirmó en un comunicado, en relación a esta “carta abierta”, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer.
Estas expulsiones colectivas “son una clara violación de las obligaciones internacionales de la República Dominicana, ponen en riesgo la vida y los derechos de estas personas. Los retornos forzados a Haití deben cesar”, apuntó.
Exclusión
“La drástica decisión del gobierno de suspender todas las formas legales para que las personas haitianas trabajen, estudien o residan en el país ha traído consecuencias significativas, afectando a familias que ahora se encuentran separadas, y dejando a muchas personas en una situación de incertidumbre migratoria”, agregó Piquer. En la carta se destaca que la exclusión de personas negras de origen haitiano y dominicano es el resultado de un conjunto de políticas migratorias discriminatorias, principalmente de detenciones y expulsiones colectivas de personas haitianas, incluyendo menores y mujeres embarazadas y puérperas.
