Sao Paulo. Después de cuatro años de “aislamiento”, el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, se ha marcado como principal objetivo en política exterior devolver a Brasil a una posición de “protagonista” en un mundo fracturado y en crisis.
“Brasil está de vuelta”. Es uno de los lemas que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) pregona desde que derrotó en las elecciones de octubre a Jair Bolsonaro, quien dejará el poder el 1 de enero.
Como ya hizo en sus dos primeros mandatos (2003-2010), el dirigente progresista quiere poner las relaciones internacionales en el centro de su gestión, con especial énfasis en la agenda medioambiental.
Prueba de ello es su participación en la cumbre del clima de la ONU, la COP27 de Egipto, el pasado noviembre y sus planes para viajar a Argentina, Estados Unidos y China en el primer trimestre de 2023.
Con esa primera gira, Lula pretende reconstruir los puentes dinamitados durante el Gobierno de Bolsonaro, que, al menos hasta la mitad de su mandato, hizo alarde de su “anticomunismo” y “antiglobalismo” de la mano del entonces canciller Ernesto Araújo. El gobernante saliente mosqueó a China, mayor socio comercial de Brasil, por cuenta del coronavirus; pasó meses criticando la gestión de su homólogo argentino, Alberto Fernández; y enfrió la relación con Estados Unidos desde que su “amigo” Donald Trump salió de la Casa Blanca y entró Joe Biden.
También cruzó acusaciones con el mandatario francés, Emmanuel Macron, por su laxa defensa de la Amazonía, con impactos negativos en la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, entre otros roces con los nuevos Gobiernos progresistas de Latinoamérica, a los que ha atacado con fines electorales.
“La política externa de la presidencia de Bolsonaro fue muy negativa, aisló a Brasil del mundo, nos alejó de nuestros grandes aliados y disminuyó nuestro prestigio en las instituciones multilaterales. Algo inédito”, afirmó a EFE el excanciller Celso Lafer, fundador del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI).
El Brasil de Bolsonaro quedó relegado a un segundo plano en las reuniones del G-20 y dejó de ser invitado a las cúpulas del G-7, en cuyas reuniones el anfitrión suele llamar a un grupo de emergentes.
También iba a dejar una deuda, que se ha ido acumulando de otras administraciones, de unos 1,000 millones de dólares con organismos internacionales, como Naciones Unidas, aunque, a pocos días de finalizar su mandato, el Gobierno de Bolsonaro decidió pagar la “casi totalidad” de la misma.
Más integración latinoamericana
Para ello, impulsará la integración regional, con el retorno a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y restablecerá las relaciones con el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, rotas desde 2019 por orden de Bolsonaro. También promoverá una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, donde hoy Brasil ocupa un asiento no permanente.
Al frente de la Cancillería ha nombrado al embajador Mauro Vieira, un veterano diplomático de carrera que ya ocupó ese cargo entre 2015 y 2016, los dos últimos años del Gobierno de Dilma Rousseff. “Lula tiene un indiscutible capital simbólico” y cuenta “con las condiciones apropiadas para la reinserción de Brasil en el mundo”, apunta Lafer.
Escenario internacional actual es “muy diferente”
Lafer advierte que el escenario internacional actual es “muy diferente” al que se encontró entre 2003 y 2010 por diversos motivos.
Algunos de ellos son la guerra en Ucrania, la mayor competición entre China y Estados Unidos por la hegemonía mundial, los desdoblamientos de la covid-19, un Mercosur en crisis por las tensiones con Uruguay y una crisis climática en curso.
En este contexto, Lafer cree que es “fundamental” situar el medioambiente como uno de los ejes de la política exterior, intención ya manifestada por Lula, que ha prometido acabar con la deforestación en la Amazonía.
Una de las formas de hacerlo -apunta Lafer- sería reactivando la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, firmado en Brasilia en 1978 por ochos países que comparten el ecosistema, entre ellos Brasil.
El núcleo sobre Medioambiente y Cambio Climático del CEBRI también propone “definir la visión estratégica de descarbonización del país” con metas, “articular un plan de integración energética regional a partir de la reducción de combustibles fósiles” y “fortalecer los mecanismos de participación de la sociedad civil”.
