Estados Unidos asegura que está en “conflicto armado” con 24 organizaciones criminales latinoamericanas. Pero nadie ha visto la lista completa. Ni el Congreso. Ni los gobiernos de los países supuestamente involucrados. Solo un puñado de funcionarios que ahora hablan bajo anonimato. En ese misterio se sustenta una serie de ataques letales en aguas del Caribe y el Pacífico.
La administración Trump justificó los ataques asegurando que Estados Unidos mantiene un «conflicto armado no internacional» contra 24 organizaciones criminales latinoamericanas.
Según revelaron funcionarios, la lista clasificada y no divulgada al Congreso en su totalidad incluye al Tren de Aragua, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el llamado Cártel de los Soles y facciones ligadas al Cártel de Sinaloa.
Ese fin de semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que EE. UU. designará al llamado Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera, alegando que está «liderado por Nicolás Maduro» y es responsable del tráfico de drogas «hacia Estados Unidos y Europa».
.@StateDept intends to designate Cartel de los Soles as a Foreign Terrorist Organization (FTO). Headed by the illegitimate Nicolás Maduro, the group has corrupted the institutions of government in Venezuela and is responsible for terrorist violence conducted by and with other…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 16, 2025
No obstante, según documentos reservados citados por The Intercept, mucho antes del anuncio de Rubio, el Departamento de Justicia elaboró una opinión legal clasificada para justificar el uso de la fuerza letal en el Caribe y el Pacífico. Esa opinión se apoya en una lista de 24 supuestas «organizaciones terroristas designadas».
Este marco discursivo tiene un efecto doble. Por una parte, amplía lo que el Ejecutivo puede hacer sin consultar al Congreso: se afirma que los ataques no son «operaciones policiales» sino actos de guerra en curso, lo que habilitaría, según la narrativa oficial, el uso preventivo y letal de la fuerza. Por otra parte, establece un estadio en el que la Casa Blanca puede declarar enemigos armados sin proceso judicial ni verificación independiente, lo que traslada la lógica de la «guerra contra el terrorismo» hacia el entorno latinoamericano.
Sepa qué
El pasado miércoles, altos funcionarios del gobierno intentaron asegurar a los miembros del Congreso, en una sesión informativa, que no tenían planes inmediatos de atacar Venezuela, aunque tampoco descartaron los ataques, según un informe de CNN.
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Una base legal cuestionada por el Congreso
Diversos especialistas en derecho internacional plantean que este marco jurídico es insostenible. A su juicio, no existe evidencia de hostilidades armadas entre EE.UU. y estos grupos, requisito clave para definir un conflicto armado.
Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado, advirtió que el Ejecutivo ha creado «un universo paralelo» para justificar acciones militares sin autorización del Congreso.
Aunque republicanos bloquearon recientemente una resolución del senador demócrata Tim Kaine destinada a impedir ataques en Venezuela sin autorización formal, varios congresistas de esa ala aún analizan la justificación legal del Departamento de Justicia, que el Congreso recibió la semana pasada, y otros dos ya votaron en contra de los ataques militares, según Político. Bastarían tres votos más de republicanos para cambiar el resultado de la próxima votación.
Los legisladores, que recibieron una sesión informativa en el Capitolio calificaron las explicaciones como «poco convincentes». Asimismo, alertaron sobre abusos de poder.
Ataques letales con víctimas civiles
Desde septiembre, EE.UU. ha realizado al menos 21 ataques a embarcaciones, causando más de 70 muertes. Investigaciones independientes señalan que las víctimas eran pescadores, trabajadores pobres y pequeños contrabandistas. Ninguno de ellos apuntaba a líderes criminales de alto perfil.
Asociated Press verificó que muchos de los fallecidos abordaron las embarcaciones por primera o segunda vez, empujados por la precariedad económica en sus países de origen.
Aún más preocupante: oficiales admitieron al Congreso que muchas veces no conocen quién va a bordo antes del ataque. Asimismo, que no recopilan evidencia tras las operaciones, lo que impide procesar a sobrevivientes o verificar vínculos reales con cárteles.
El Pentágono tampoco ha entregado la lista completa de las 24 organizaciones, aumentando la sospecha de que esta clasificación podría ser una herramienta política más que operativa. Expertos cuestionan incluso la existencia de algunas entidades incluidas, como el Cártel de los Soles.
