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Durante el periodo presidencial de Alberto Fujimori (1990-2000), el gobierno peruano implementó un controvertido programa de esterilizaciones quirúrgicas, dirigido principalmente a mujeres de comunidades indígenas y de bajos recursos.
Entre 1996 y 2000, se estima que más de 200,000 mujeres fueron sometidas a procedimientos de ligadura de trompas y vasectomías. Según el informe que presentó el Ministerio de Sanidad, estas intervenciones se realizaron bajo presiones, amenazas e incentivos en alimentos, sin proporcionar una adecuada información y consentimiento.
Murió Alberto Fujimori
A partir de esto, el Congreso de Perú emprendió un proceso judicial significativo contra el expresidente Alberto Fujimori y tres de sus exministros de Sanidad. La acusación se basaba en un reciente informe del Ministerio de Sanidad que detalla un plan sistemático de esterilizaciones forzadas llevado a cabo entre 1996 y 2000.
Se alega que más de 200.000 mujeres, en su mayoría de comunidades indígenas y de bajos recursos, fueron sometidas a procedimientos de ligadura de trompas y vasectomías sin un consentimiento plenamente informado. Este controvertido programa, que también resultó en al menos 18 muertes, fue de gran preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
Evidencias y acusaciones
El informe ministerial, presentado por el Ministro de Sanidad, Fernando Carbone, al presidente de la subcomisión investigadora del Congreso, Héctor Chávez Chuchón, ofrecio un panorama sombrío del programa de esterilización. El documento se sustenta en 56 documentos oficiales y testimonios de exfuncionarios del Ministerio de Sanidad.
Entre las evidencias encontradas se incluyen oficios enviados por el exministro de Sanidad Marino Costa Bauer al presidente Fujimori, así como cartas solicitando apoyo para el programa de esterilizaciones al jefe de la Casa Militar.
Según el informe, entre 1996 y 2000 se realizaron 215.227 ligaduras de trompas y 16.000 vasectomías bajo el pretexto de un plan de salud pública. Sin embargo, el verdadero objetivo, según las acusaciones, era reducir el número de nacimientos en las regiones más empobrecidas del país. Las mujeres se sometieron a procedimientos sin la debida información, bajo presión y, en algunos casos, con incentivos como alimentos.
Condena de Fujimori
Fujimori fue encarcelado en 2007 tras su arresto en Chile y su extradición a Perú, donde enfrentó múltiples cargos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Durante los primeros años de su encarcelamiento, Fujimori le condenaron por corrupción y violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y esterilizaciones forzadas.
En 2009, Fujimori recibió una condena de 25 años de prisión por corrupción y violaciones de derechos humanos, siendo un período crucial para su detención. Sin embargo, su situación legal continuó siendo objeto de atención y controversia durante su tiempo en prisión. Su condena se confirmó en diferentes instancias judiciales y se consolidó como uno de los casos de corrupción más notorios en la historia reciente de Perú.
Fujimori pasó un total de 12 años en prisión antes de que la situación legal de su condena comenzara a cambiar. En 2017, el expresidente le trasladaron a un hospital debido a problemas de salud y se le concedió un indulto humanitario por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien argumentó razones médicas para su liberación.
El 24 de diciembre de 2017, Fujimori le liberaron, aunque el indulto generó una amplia controversia en Perú y se anulo brevemente, antes de restaurarse por una decisión judicial final.
