Lima, 30 may (EFE).- Las organizaciones sociales y gremios de la región Puno, al sureste de Perú, convocaron este martes a un paro en todo su territorio para retomar las protestas contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, y exigir su renuncia, al igual que el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales.
En una reciente asamblea de organizaciones sociales, los pobladores de Puno acordaron también realizar una nueva marcha de protesta hacia Lima en junio próximo, similar a la que realizaron a inicios de año y que fue uno de los últimos actos de movilización tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre pasado.
Actualmente, Boluarte tiene en curso una investigación preliminar abierta por la Fiscalía de la Nación por las decenas de muertes que se produjeron en las protestas antigubernamentales entre diciembre y marzo últimos, sobre la que tiene que testificar el próximo 6 de junio.
«Voy a acudir al Ministerio Público, voy a contestar cada una de las preguntas que la fiscal me hiciera, no me voy a acoger al derecho de quedarme en silencio, porque la primera persona que quiere sabe que pasó con los fallecidos (…) es Dina Boluarte», dijo la mandataria a la prensa la semana pasada.
Sobre el paro regional convocado para este martes, la Defensoría del Pueblo invocó a que sea «pacífico» y que se denuncien a quienes cometan actos de violencia, así como le pidió a la Policía hacer un uso «proporcional» de la fuerza.
«Este derecho (a la protesta), sin embargo, debe ejercerse en todo momento utilizando medios pacíficos, que en ningún caso afecten derechos de terceros, o generen intranquilidad social, o causen daños a la propiedad pública o privada», apuntó.
En ese sentido, añadió que es responsabilidad de todos los participantes «velar por que la protesta sea pacífica, aislando y denunciando a quienes propician o consuman hechos de violencia».
Con respecto a la intervención de las fuerzas del orden, la Defensoría manifestó que lo deberán hacer garantizando la aplicación de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
De acuerdo a la ley de uso de la fuerza y sus manuales operativos, «su intervención debe ser gradual, pudiendo hacer uso máximo de la fuerza solo en circunstancias excepcionales luego de haber agotado otras formas de control del orden».
La Fiscalía de la Nación (general) anunció el inicio de las pesquisas preliminares contra la mandataria peruana el pasado 10 de enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de «ejecuciones extrajudiciales» en Perú. EFE
