Managua. El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló la personalidad jurídica de otras 100 ONG, con lo que suman 1.968 las organizaciones de este tipo ilegalizadas tras la revuelta popular de abril de 2018, calificada como intento de golpe de Estado por el presidente Daniel Ortega.
La ilegalización de esas 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), al igual que otras 400, fue aprobada directamente por el Ministerio de Gobernación basado en una reciente reforma a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que le otorga esa facultad, que antes correspondía exclusivamente a la Asamblea Nacional (Parlamento).
En lo que va de año, los legisladores sandinistas y sus aliados en el Parlamento han ilegalizado 1.269 ONG y un total de 1.468 desde diciembre de 2018.
Entretanto, la cartera de Gobernación ha cancelado la personalidad jurídica de otras 500 ONG, con lo que suman 1,968, de cerca de 6,000 registradas.
En la nueva lista de ONG afectadas se encuentra la Asociación Coronel Rufo Marín Bellorino, Asociación General José Santos Zelaya, Asociación Coordinadora Nicaragüense de la Resistencia y Víctimas de Guerra por la Libertad y la Democracia, y Asociación de Veteranos de Guerra de la Tercera Edad.
Según el Ministerio de Gobernación, esas 100 ONG incumplieron con sus obligaciones conforme lo establece la Ley de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y su Reglamento, y la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
