El Senado de Brasil puso un freno definitivo a la impunidad legislativa. La Cámara alta archivó este miércoles, de manera categórica, un polémico proyecto de reforma constitucional que buscaba blindar a los parlamentarios frente a las investigaciones de la Justicia.
La decisión fue tomada por unanimidad en la comisión clave, contrastando dramáticamente con la amplia mayoría con que la Cámara de Diputados había aprobado la iniciativa días atrás. Este rechazo monumental llega tras masivas protestas que recorrieron las principales ciudades del país.
Rechazo Unánime: El Proyecto Era «Claramente Inconstitucional»
El proyecto de ley buscaba restringir la capacidad del Poder Judicial para investigar a diputados y senadores sospechosos de cualquier delito.
La iniciativa, impulsada por sectores de derecha con apoyo aislado de la izquierda, planteaba una garantía de protección extrema. Específicamente, ningún diputado, senador ni presidente de partido podía ser investigado sin la autorización expresa de las cámaras legislativas.
El mecanismo propuesto era aún más cuestionable: dichas autorizaciones se decidirían en votaciones secretas.
Una Alfombra Roja para Delitos Graves
Aunque la propuesta mantenía el fuero (los legisladores solo pueden ser juzgados por la Corte Suprema), en la práctica añadía mecanismos que restaban autonomía al Poder Judicial para iniciar investigaciones.
El fiscal de Justicia de San Pablo, Roberto Livianu, explicó que el texto enviaba un mensaje peligroso. Livianu, presidente del Instituto No acepto la corrupción, afirmó que la ley garantizaba la «impunidad naturalizada» y extendía una «alfombra roja al crimen organizado» para que llegaran a la Cámara y al Senado sin riesgo de molestias.
El senador Alessandro Vieira, relator del proyecto, reforzó esta crítica. Vieira afirmó que la medida “parecía tener como real objetivo proteger a los autores de delitos graves, como corrupción, lavado de dinero y hasta homicidios”.
El Senado Cede al Grito de la Calle
La reacción en el Senado fue rápida y contundente. La Comisión de Constitución y Justicia del Senado (CCJ) rechazó el texto por unanimidad de sus 27 miembros. Alegaron que el proyecto era “claramente inconstitucional”.
Posteriormente, el pleno del Senado archivó el texto sin abrir debate, una decisión simbólica que demostró el rechazo total. Esto marcó un fuerte contraste con la Cámara de Diputados, que lo había aprobado con 353 votos a favor y solo 134 en contra.
La propuesta surgió en un contexto delicado, pues la Corte Suprema investiga actualmente a una decena de diputados por presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos.
El senador Vieira recogió el sentir de la calle. La sociedad brasileña, que se había movilizado masivamente el pasado domingo en las principales ciudades, bautizó la propuesta como el “proyecto del bandidaje”. Esta reacción ciudadana exige “el fin de toda impunidad”, según Vieira.
