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Leópolis (Ucrania), 21 jun (EFE).- Ucrania estudia la posibilidad de permitir a sus ciudadanos evitar la movilización a cambio de una mayor contribución al presupuesto estatal, en un intento por encontrar el adecuado equilibrio entre garantizar suficientes soldados para el Ejército y recursos para costear la defensa del país y un alistamiento durante la ley marcial que sea considerado justo.

El Parlamento ucraniano se dispone a revisar tres proyectos de ley presentados por el presidente de su Comisión de Economía, Dmitró Nataluja, que prevén la llamada exención o «reserva económica» de empleados y empresarios individuales.

Así, las empresas podrán «reservar» a sus empleados especialmente valiosos pagando una suma adicional al presupuesto estatal de unos 470 euros al mes por cada uno o cuando el salario es igual o superior a 840 euros, ya que los impuestos en este caso ya son elevados.

Beneficios económicos

Los partidarios de la idea argumentan que ayudaría a limitar el creciente déficit de mano de obra en Ucrania, causado por la emigración y la movilización, que el 58 % de las empresas indica como principal problema.

Según la Asociación Europea de Empresas ucraniana, la medida complementaría el actual mecanismo de reserva, que se basa, entre otras medidas, en cuotas de movilización en diversos sectores considerados los más importantes y es criticado a menudo por su falta de transparencia y previsibilidad.

La «reserva económica» garantizaría que las empresas siguieran funcionando, impulsando así la economía y contribuyendo a la financiación del Ejército, argumentan las empresas.

Actualmente el Estado financia su defensa contra la invasión rusa únicamente con sus propios ingresos, mientras que el dinero aportado por los aliados directamente al presupuesto estatal sólo puede gastarse en fines «civiles».

Según el Gobierno se necesita encontrar al menos 11.500 millones de euros más en 2024.

Nataluja sostiene que su idea puede aportar entre 4.600 millones  y 7.400 millones de euros al presupuesto, lo que ayudaría a equipar y pagar a los soldados que están siendo movilizados ahora.

El destino de las propuestas dependen del apoyo que obtengan en la sociedad en función de su impacto en la movilización.

Justicia frente a transparencia

Vitali, un informático de 35 años de la ciudad de Leópolis, apenas ha salido de su apartamento en el último medio año por miedo a encontrarse por la calle con los representantes del centro de reclutamiento.

Dado que el país necesita actualmente más soldados en el campo de batalla, teme que le envíen a una unidad de Infantería y quedar herido o morir.

Con unos ingresos mensuales muy superiores a los 400 euros, el salario medio del país, Vitali dice que estaría encantado de pagar para evitar el servicio militar, además de las frecuentes donaciones directas al Ejército ucraniano que hace actualmente.

«Sabría que no estoy haciendo nada malo desde el punto de vista legal, apoyaría nuestro esfuerzo de defensa y podría por fin vivir sin miedo», explica a EFE.

Sin embargo, para muchos soldados y veteranos, la introducción de una «reserva económica» supondría un duro golpe para la unidad nacional y la imagen del Ejército.

«Es el principio de justicia social lo que nos diferencia de nuestro enemigo. Todos somos iguales ante la ley, en el Ejército todos somos iguales y todos los sectores de la población deben alistarse», argumenta en la televisión local «Express» Oleg Simoroz, un conocido veterano que perdió ambas piernas en combate.

Simoroz señala que tal «discriminación basada en la propiedad» o riqueza personal no tiene cabida en «una democracia civilizada».

Según él, la idea socava los esfuerzos a largo plazo para que el servicio militar se considere «prestigioso» y que, en su lugar, el Gobierno debería aumentar los impuestos a los oligarcas y optimizar sus propios gastos para encontrar más fondos.

Aquellos que defienden las propuestas señalan, sin embargo, que el veterano ignora que algunos pagan sobornos para evitar la movilización o tienen dificultades por la ausencia de normas claras sobre la exención de la movilización.

Opinan que la «reserva económica» haría más transparente la movilización y beneficiaría también al Ejército.

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