Santiago. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó para el viernes en la mañana el conocimiento de la medida de coerción a dos hombres involucrados en el caso KAF, imputados de tráfico de armas de fuego y distribución de sustancias controladas.
La medida, donde se le conocería la medida coercitiva a Gregory Alberto Diplán Güichardo y Juan Miguel Almonte Padilla (Colita) fue aplazada por el juez Bienvenido Liz, a solicitud de los abogados para presentar presupuestos.
Los abogados de la defensa Isidro Germoso y Ramón Estrella, informaron que se aplazó porque faltan documentaciones y presupuestos, los cuales van a presentar al Ministerio Público y al juez de Atención Permanente de que la persona a quién se le ha practicado allanamiento no se hizo de la manera correcta, se viola el debido proceso, se viola la norma y se está violando la carta magna.
“Nosotros estamos probando al Ministerio Público que hizo actividades ilegales e irregularidades, primero tenían una autorización para allanar una casa en Licey al Medio y el Ministerio Público de Santiago es jurisdiccionalmente competente en la provincia de Santiago, e hizo un allanamiento en Moca, en la provincia Espaillat[, expresó Estrella.
La Fiscalía de esta provincia solicita a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente imponer prisión preventiva por un año a los hombres involucrados en el caso KAF, arrestados en allanamientos en los que se incautaron armas de alto calibre y drogas, así como dinero en pesos y dólares.
El Ministerio Público formuló contra los encartados, la calificación jurídica provisional descrita en los artículos 4, literal B; 6, letra A y 75 párrafo 1 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Además, la violación a los artículos 66, 67, 68, 69 y 266 de la Ley 631-16 de Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.
En los allanamientos en los que se arrestó a los imputados participaron 10 fiscales del Ministerio Público de Santiago, encabezados por el titular, Osvaldo Bonilla, y agentes de la Dirección Táctica de Investigaciones Sensitivas (DITIS) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
