Una imputada del caso Pulpo, a la que se le conocía su proceso aparte de los demás, fue condenada este lunes a una pena especial, el decomiso de bienes y al pago de una multa.
María Isabel de los Milagros Torres Castellanos, que el pasado año, debido a razones de salud, fue declarada inimputable, por lo que fue enjuiciada en un proceso especial, deberá cumplir cinco años de internamiento en un centro psiquiátrico.
Así lo dispuso el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que también ordenó el decomiso de un inmueble valorado en 10 millones de pesos que está a su nombre pero que dice el Ministerio Público pertenece a Alexis Medina, principal imputado en el caso Pulpo.
Además, Torres Castellanos, relacionada con la empresa Editorama, S.A., vinculada al entramado de corrupción que habría liderado Medina, tiene que pagar una indemnización de 20 millones de pesos a favor del Estado.
La sentenciada fue acusada por el Ministerio Público de lavado de activos y testaferrato.
Para el fiscal anticorrupción Ernesto Guzmán Alberto, esto significa que Alexis Medina y los demás imputados, también podrían ser condenados, pues los tipos penales atribuidos a la acusada son los mismos, además de que «hay mayores pruebas».
El juicio fue conocido por los jueces Keila Santana, Arisleyda Méndez y Elías Santini, luego de que un tribunal de instrucción dictará auto de apertura a juicio en su contra.
El pasado 7 de febrero, el juez Deiby Peguero también envió a juicio a Alexis Medina y otros 21 acusados de este caso.
En el transcurso del proceso los imputados Francisco Pagán, exdirector de la Oficina Supervisora de Obras del Estado; Julián Esteban Suriel Suazo, Lewin Ariel Castillo y Domingo Antonio Santiago realizaron acuerdos con el Ministerio Público, los cuales fueron acogidos como buenos y válidos por el magistrado Peguero, siendo estos condenados a penas inferiores, al decomiso de bienes y al pago de indemnizaciones.
Alexis Medina, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Específica que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales que dice el Ministerio Público incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
