Cuando leí Conversación en La Catedral, de Mario Vargas Llosa, me detuve en una pregunta que desde entonces me acompaña: “¿En qué momento se había jodido el Perú?”. La novela transcurre durante la dictadura de Manuel A. Odría. Pero aquella frase sobrevivió sobre los gobiernos. Sobrevivió al novelista. Sobrepasó a los gobiernos de ahora.
A veces miro lo que ocurre en este país y me hago una pregunta parecida. ¿En qué momento empezamos a aceptar lo que antes nos indignaba? ¿Cuándo decidimos que las leyes migratorias podían aplicarse según la conveniencia del día? ¿Quién nos convenció de que mirar hacia otro lado era una política pública?
Cruzo una calle. Veo una construcción. En la entrada hay trabajadores haitianos. En el interior, probablemente también. No me molesta que trabajen. Me molesta que tantas veces nadie quiera saber en qué condiciones llegaron, quién los contrató y quién responde por su situación legal. Resulta cómodo discutir sobre el inmigrante. Mucho menos cómodo —para ciertos empresarios— discutir sobre el empleador.
Conozco el argumento. Los dominicanos no quieren hacer determinados trabajos. Lo escucho desde hace años. Siempre me sorprende que quienes lo repiten tengan tanta seguridad sobre lo que quieren los demás y tan pocas ganas de hablar de salarios, seguridad y derechos laborales. La economía necesita trabajadores. De acuerdo. También necesita reglas. Y las reglas no pueden suspenderse cada mañana para reanudarse cuando aparece una cámara de Julissa. En la frontera circulan denuncias sobre cobros ilegales, complicidades y negocios. No afirmo que todos los militares participen. Sería injusto. Pero tampoco acepto que la respuesta oficial consista únicamente en prometer investigaciones. Quiero resultados. Nombres. Sanciones cuando correspondan. Controles que funcionen después de la conferencia de prensa.
El problema haitiano —prefiero decir el desafío migratorio entre Haití y República Dominicana— exige algo más serio que un discurso inflamado. Haití atraviesa una crisis profunda. Nosotros tenemos derecho a controlar nuestro territorio. Ambas realidades existen. Ninguna autoriza a despreciar a una persona. Ninguna obliga a renunciar a la ley.
Y todavía hay algo peor. Nos acostumbramos a que una operación migratoria ocupe los titulares durante dos días, mientras las redes de contratación irregular siguen intactas. Yo no quiero espectáculos de autoridad. Quiero una autoridad que no necesite espectadores.
Me inquieta, sobre todo, el comportamiento de los partidos. En campaña pronuncian palabras rotundas. En el gobierno descubren los matices. En la oposición recuperan la indignación. Y así, entre una elección y otra, se aplazan las decisiones difíciles. Los dirigentes conocen el costo político de actuar. Parecen ignorar el costo nacional de no hacerlo.
No creo que la dominicanidad desaparezca porque alguien hable creole en una esquina. Me preocuparía más que desapareciera nuestra capacidad de cumplir las normas, defender la soberanía sin crueldad y exigir responsabilidades sin convertir al extranjero pobre en culpable universal.
He llegado a una conclusión incómoda. No basta con señalar al que cruza la frontera. Hay que mirar al que facilita el cruce ilegal, al que contrata fuera de la ley y al funcionario que cobra por incumplirla. También al político que conoce el problema y prefiere administrar el silencio.
Vuelvo entonces a Vargas Llosa. Me hago la pregunta. No para encontrar una fecha memorable, sino para exigir una respuesta presente.
¿En qué momento nosotros nos jodimos?
Algún político o empresario me dará la respuesta.
Demuéstrame que estoy equivocado
