El «Ministerio Público independiente» ha sido la consigna que desde 2020 se ha escuchado con intensidad por doquier para ensalzar a la Procuraduría General de la República (PGR), y que se consolidó durante todo el año 2021 con allanamientos y presentaciones de expedientes a exfuncionarios del gobierno pasado y del actual, así como militares envueltos en escándalos de corrupción y organizaciones criminales supuestamente desmanteladas.
Sin embargo, 2022 ha sido una especie de prueba para el órgano persecutor que se ha visto atrapado en la ralentización de los procesos que se están llevando a cabo en los tribunales del país, además de dejar perimir plazos preventivos que mantenían a imputados en las prisiones, lo que ha dado lugar a variaciones en las medidas de coerción mientras continúen los juicios.
Al respecto, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, ha reiterado que esto no le quita fuerzas a ninguno de los procesos; no obstante, ha criticado al Poder Judicial al alegar que estos son casos «megacomplejos», por lo que los jueces también deberían verlos así, «megacomplejos».
Y es que a partir de diciembre de 2020, cuando se desataron los apresamientos de familiares de un expresidente de la República, así como de otros de sus funcionarios, la opinión pública no había parado de ventilar los pormenores que involucra en escándalos de corrupción a un círculo tan cercano como el del exmandatario Danilo Medina.
Son los juicios en la era digital. Las medidas de coerción que se transmiten en tiempo real por las televisiones y redes sociales. Las interacciones de los cibernautas que se desbordan y replican a escala global. Son tiempos modernos. Y cada uno de los ciudadanos, es el espectador.
Así han continuado los juicios durante este año, pero con menos efervescencia y más escepticismo. No es la misma intensidad que hace dos años, fruto del mismo «debido proceso» que espera que cada uno de los acusados tengan garantizados todos sus derechos al ser señalados por algún acto doloso para la sociedad.
Pese a que ha menguado la intensidad mediática, mañana lunes algunos de los casos más sonados seguirán su curso natural. Allí estarán ellos, ante el mallete del juzgador y frente al dedo acusador del fiscal, esperando la oportunidad para defenderse, en compañía de lo más parecido a un «ángel guardián»; el alegato de un buen abogado.
A continuación presentaremos los casos mediáticos que este año se continúan ventilando en los tribunales, así como los que se destaparon en este 2022:
Caso Antipulpo
El 29 agosto este año, el juez Delby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, varió la medida de coerción de prisión a garantía económica a los imputados Alexis Medina, Fernando Rosa, exdirector del Fonper y José Dolores Santana.
A Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina se le fijó una fianza de RD$60 millones de pesos a través de un contrato con una compañía dedicada a esos fines, además de impedimento de salida, colocación de un grillete electrónico y arresto domiciliario.
Mientras que a Fernando Rosa, le fue impuesta una garantía económica de RD$30 millones de pesos, impedimento de salida, colocación de un grillete electrónico y arresto domiciliario.
En tanto que a José Dolores Santana se le fijó una garantía económica de RD$20 millones.
Para variar la medida el juez argumentó que pasó el tiempo de prisión preventiva y el Ministerio Público duró mucho para presentar la acusación.
En el caso de Magaly Medina, también hermana del expresidente y quien cumplía prisión domiciliaria, los jueces ordenaron quitar los grilletes, como medida de coerción.
En el caso Antipulpo hay otros acusados, varios de ello colaborando con el Ministerio Público, como es el caso de Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), quien supuestamente ha devuelto dinero de lo malversado.
Mañana a las 9:00 de la mañana se seguirá conociendo en el Séptimo Juzgado de la instrucción del Distrito Nacional.
Caso Coral
A principios de este mes, la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, varió la medida de coerción de imputados que pasaron de prisión preventiva a arresto domiciliario.
A Adán Cáceres y a Rafael Núñez de Aza se le dispuso el pago de RD$100 millones como garantía económica bajo la modalidad de contrato, el uso de brazalete electrónico y el impedimento de salida del país.
A la pastora Rossy Guzmán le impusieron el pago de una garantía de 50 millones de pesos bajo modalidad contrato, impedimento de salida, arresto domiciliario y grillete electrónico. Mientras que al hijo de Guzmán, Tanner Flete, además del arresto domiciliario, le impusieron impedimento de salida del país y uso del brazalete electrónico.
Sin embargo, los beneficiados de la variación de medida de coerción afirman que no han podido pagar la fianza, por lo que esperan ayuda de sus «amigos y familiares».
Caso Coral 5G
Este caso, que viene siendo una especie de evolución al expediente anterior, involucró en mayo de este año a los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
Al revelarse este año, sus principales acusados todavía se mantienen en prisión como medida de coerción y se encuentran apelando a la variación de esta para continuar los procesos fuera de la carcel.
Tanto en el caso Coral como el Coral 5G, el supuesto entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Caso Medusa
El exprocurador Jean Alain Rodríguez también se presenta mañana en el conocimiento de apertura a juicio.
Junto a Luis Dicent, del Caso13, Rodríguez es uno de los acusados en casos de corrupción que más tiempo tiene con prisión preventiva.
Y es que en octubre de este año, el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional mantuvo la prisión preventiva para el procesado Jean Alain Rodríguez Sánchez, acusado de dirigir un entramado de corrupción administrativa cuando encabezó el Ministerio Público entre 2016 y 2020.
Caso 13
El presunto fraude en uno de los sorteos en la Lotería Nacional mantiene en prisión a Luis Dicent, quien desde julio esperaba que se fijara un juzgado para conocer su juicio de fondo.
Finalmente, mañana martes 20 de diciembre se estará conociendo en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Caso Falcón
El 12 de este mes, el Quinto Juzgado de la Instrucción de esta jurisdicción aplazó sin fecha la audiencia que inicia la etapa preliminar del proceso contra 31 personas físicas y 39 morales imputadas de numerosos delitos.
La decisión fue tomada por el juez Cirilo Salomón, tras ser recusado por la defensa técnica de la imputada María Olimpia Tavárez, bajo el alegato de que el juzgador no sería objetivo en sus decisiones.
El tribunal ratificó las medidas preventivas que pesan sobre Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, José Alejandro de la Cruz Morales y Lenín Bladimir Torres Bueno.
Quedan pendientes de conocer las medidas a los imputados Claritza Andreina Mosquea Eduardo, Fanny Mercedes Ortiz Víctor, María Yudelka de Jesús Durán, así como de Yana Iris Maldonado.
Al grupo se atribuye movilizar más de 500 millones de dólares, fruto de la venta de narcóticos que eran enviados hacia los Estados Unidos.
Su principal acusado es Juan Maldonado, exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y director de Comunidad Digna.
Su coerción había sido variada con anterioridad; no obstante, un tribunal ordenó revocar la variación y nuevamente fue dictada prisión preventiva.
Caso Cattleya
En agosto de este año, la PGR realizó diversos allanamientos y detenciones de decenas de personas acusadas de traer al país a mujeres para ser explotada sexualmente en centros de prostitución.
El supuesto modus operandi de la red transnacional dedicada a la trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual comercial, consistía en que una vez traían al país a las víctimas, eran obligadas a admitir que tenían una deuda contraída de entre 3,000 y 4,000 dólares.
Según el expediente, los imputados crearon una organización criminal trasnacional dedicada a captar mujeres de entre 18 y 23 años de edad, en diferentes países, específicamente desde Colombia y Venezuela, para la comisión del ilícito de trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual comercial.
Por su implicación en la red desmantelada en Operación Cattleya guardan prisión los imputados José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), Oscar Wicene, María Paula Murillo Vargas, Cristina Virginia González Hernández, Angélica Jhoana Quintero Niño, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Zafiro Nataly Sánchez González y al sargento Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis).
Estos cumplen la medida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, en Santo Domingo, así como en los centros penitenciarios de Higüey, en la provincia La Altagracia, Najayo Mujeres, en San Cristóbal, y en Operaciones Especiales.
A los imputados Louis Marie Nephtalie, Engel Nefthali Vargas Soto (Ángel), Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee le fue impuesta la presentación de una garantía económica de un millón de pesos, en tanto que una garantía económica de RD$500 mil para Braulio Manuel Lugo, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores) y Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos), a quienes además le fue impuesta presentación periódica e impedimento de salida del país.Mientras que a Melvin José Valentín Peguero le fue impuesta presentación periódica, además de impedimento de salir del país.
Caso Discovery
En marzo de este año, el Ministerio Público involucró a decenas de personas que conformaban una organización que se dedicaba supuestamente a estafar a ciudadanos de Estados Unidos haciendo uso de medios electrónicos.
Un tribunal impuso medidas de coerción a 39 personas arrestadas en esa operación.
Según el Ministerio Público, los acusados operaban en Santiago, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata y tenían más de 10 centros de llamadas (call centers) dedicados al ciberdelito, a la extorsión sexual y económica, así como al robo de identidad de ciudadanos de Estados Unidos.
En distintos allanamientos practicados en el país resultaron arrestados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Daria), Máximo Miguel Mena Peña, Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán, Genaro Antonio Hernández Caba, Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o la Válvula) y David Antonio Guzmán Javier.
