La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) admitió haber utilizado el borrador de un informe para solicitar autorizaciones judiciales en contra de varias personas que son investigadas sobre presunta corrupción en las expropiaciones de bienes.
Así lo manifestó ayer el abogado Ángel Lockward, al explicar que en su escrito de contestación de la demanda que interpuso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), en busca de que se anule el documento en cuestión, la Pepca precisa que el texto es de mero trámite.
“Durante 14 meses yo he dicho que no procede ir a donde un juez a buscar órdenes en contra de 200 ciudadanos con un borrador, con un informe a trámite que no ha provocado una solución definitiva del contralor como dice la ley”, explicó Lockward, que es uno de los investigados e interpuso una recurso contra los miembros de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, que realizaron el referido informe con el cual el Ministerio Público inició la pesquisa.
Fraude procesal
Expuso, al conversar con reporteros de elCaribe, que la Pepca cometió fraude procesal al acudir ante un juez de instrucción a solicitar órdenes judiciales sabiendo que el documento presentado era un borrador. “Con un borrador ellos no pueden haber establecido un monto defraudado, porque si es un borrador no tienen conclusión”, precisó.
“Llevo 14 meses diciendo que lo han estado haciendo mal… En ningún país de la tierra se persigue a ciudadanos con un borrador o se engaña jueces diciéndoles que hay un informe definitivo cuando no lo es”, sostuvo.
Lockward indicó, mostrando la documentación, que en el escrito, la Pepca dice que es un “informe de investigación o acto de mero trámite”, que “ha establecido que es un acto de mero trámite, de carácter interno, meramente operativo y que los mismos no alteran o modifican derechos”.
Cuestionó que con ese borrador los fiscales hayan podido detectar sustracción, por pagos que el Estado hizo sobre propiedades que existen, que fueron declaradas de utilidad pública, que tienen en su poder, que tienen sentencias que fija el precio, y que el Estado tiene la obligación de pagar conforme dispone la ley.
Sobre el proceso de la demanda, que tiene previsto conocerse el viernes 17, explicó que la Pepca pidió al TSA declararse incompetente porque entienden el proceso deben estar en la jurisdicción penal.
TSA es competente para conocer demanda
Sobre esta petición de los fiscales anticorrupción, Lockward afirmó que no puede proceder ya que el Tribunal Superior Administrativo (TSA)es el único con capacidad de ventilar los actos emanados de cualquier órgano del Estado. Además, el abogado aseguró que en ocasiones se ha aplazado la audiencia por acciones realizadas por la Pepca, entre ellas depositar su escrito la tarde del día anterior a que se conozca la vista.
