Conforme avanza el tiempo en los casos de corrupción, más imputados solicitan a los tribunales cesar la prisión preventiva que pesa en su contra.
Los últimos en pedir una variación de la medida de coerción son William Lizandro Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio, que están siendo enjuiciados por el supuesto fraude en uno de los sorteos de la Lotería Nacional.
Estos acusados tienen un año y medio recluidos en la cárcel Najayo y ayer se tenía previsto que las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocieran la petición, pero la audiencia fue aplazada para el 12 de enero.
La vista fue reenviada para que los abogados del Estado, que son querellantes en este caso, estén presentes.
Su pedido
La solicitud de Rosario Ortiz y Batista Valerio se basan en que la normativa procesal penal establece que la prisión preventiva no puede exceder los 18 meses.
Lo que buscan los imputados es que, al igual que Luis Dicent, exadministrador de la Lotería, las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo ordenen su salida de prisión.
La semana pasada, las magistradas que conocen el juicio de fondo por este caso, en el que hay 10 imputados, le variaron la medida a Dicent por arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
Rosario Ortiz y Batista Valerio son acusados de pertenecer a una red que realizó un fraude en un sorteo de quinielas celebrado el 1 de mayo del pasado año en perjuicio de la Lotería Nacional y las bancas de juegos de azar, con un monto defraudado que asciende a más de 500 millones de pesos.
Además de Dicent, los tribunales han variado la medida de coerción a los imputados de otros casos de corrupción que están en proceso.
Con Alexis Medina, del caso Pulpo, comenzó la aplicación de cesar la prisión preventiva al cumplir el año y medio con esta medida de coerción. Ese mismo día se le varió la media a Fernando Rosa, también implicado en este caso y quien era presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).
Aunque es un mandato de la normativa procesal penal, antes no se veía que se cesara la prisión preventiva, esto a juzgar por el tiempo que duraron en la cárcel los acusados de procesos viejos.
Al igual que los imputados antes mencionados, sucedió lo mismo con el general Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán y el coronel Rafael Núñez de Aza, imputados en el caso Coral.
Estos imputados lograron que un tribunal, que conoce la audiencia preliminar, les permita seguir su proceso judicial en arresto domiciliario y usando grilletes electrónicos, luego de pagar una garantía económica.
Podrían seguir saliendo
Las variaciones podrían seguir dándose, porque la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal acusado en el caso Medusa, adelantó que solicitará al juez que conoce la audiencia preliminar de este proceso, cesar la prisión preventiva que cumple desde hace casi un año y cinco meses.