Los fiscales anticorrupción están apelando al último de los chances que tienen para presentar acusación formal contra Alexis Medina y los demás imputados en el caso Pulpo, pues al parecer esperan que un tribunal los intime y les dé un pequeño plazo para depositar los documentos y así tener más tiempo para terminar de elaborar su escrito acusatorio.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) debió presentar la acusación o acto conclusivo el pasado lunes tras vencer una prórroga que se le había otorgado para tales fines, pero esto no quiere decir que el caso se cayó, pues si en estos próximos días no depositan los documentos requeridos, la jueza Yanibet Rivas, quien lleva el control del caso, debe darle un ultimátum, de manera oficiosa o a solicitud de la defensa, para que el órgano acusador termine la investigación.
La magistrada, en función de jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, al momento de intimarlos podría darles un plazo de entre 15 a 30 días (pues este caso fue declarado de tramitación compleja, lo que duplica los plazos). El Código Procesal Penal establece que si pasado este tiempo no presenta la acusación el caso se archivará.
Alexis Medina pediría intimación
Al margen de esto, si antes de mañana, cuando se le revise la medida de coerción a todos los imputados, el órgano acusador no ha formalizado la acusación, la defensa de Alexis Medina, principal implicado en este caso, podría en audiencia solicitar a la jueza que intime a la Pepca pues considera que tuvo tiempo suficiente para elaborar su acusación formal.
“Si la presenta el jueves antes de la audiencia, entonces, evidentemente que cambia el escenario”, indicó en conversación con elCaribe Carlos Salcedo, abogado de Alexis.
Equipo de abogados se constituye en actor civil
El Equipo de Abogados para la Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) conformado mediante Decreto 22-21, se constituyó en querellante y actor civil ante la PEPCA, con miras a obtener una indemnización por la suma de RD$23,903,465,542.00 por concepto de los daños y perjuicios sufridos por el Estado Dominicano en su condición de victima en el caso de corrupción.
