Los fiscales e imputados de los casos de corrupción viejos librarán una nueva batalla, esta vez en los tribunales de apelación, en los que se debatirá el futuro de estos procesos que tienen seis años ventilándose.
Tras los fallos en los casos Odebrecht, Tucano y Los Tres Brazos, el Ministerio Público apeló en busca de revocar las sentencias que los dejó “mal parados”, pues las mismas favorecieron a la mayoría de los imputados, con absoluciones y auto de no ha lugar.
A partir del próximo año, estos casos volverán a los tribunales. Se estarán conociendo en salas distintas de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El que tiene fecha pautada es el caso Odebrecht. En este el que órgano acusador solicita que se aumenten la condena de cinco a 10 años de prisión para el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa. Y que se condene al abogado Conrado Pittaluga, absuelto en primera instancia.
Por igual, el empresario Ángel Rondón, quien fungía como representante comercial de la compañía brasileña, apeló al fallo que lo sentenció a ocho años de cárcel.
Será el 19 de enero cuando los jueces de la Tercera Sala de la Corte inicien a conocer esta audiencia. Para después decidir si el fallo queda igual o se modifica.
Por los sobornos que Odebrecht dijo pagó para ser adjudicada con obras del Estado, se condenó a Díaz Rúa y Rondón. Mientras que a los otros cuatro imputados se les descargó de las acusaciones. El Ministerio Público dejó fuera de su apelación a tres de los absueltos. Este caso inició en el 2017.
Los Tucanos
Otro de los casos de corrupción viejos que estará en el tribunal de alzada, es el de los aviones Super Tucano. Aunque no se ha determinado el día comenzará, ya hay un juzgado apoderado, que es la Primera Sala Penal de la Corte.
Este proceso, se convirtió en otro golpe para el Ministerio Público, pues los tres imputados fueron declarados no culpables de haber recibido los US$3.5 millones que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) dijo haber dado en sobornos en para ser escogida como la suplidora de ocho aviones de combate denominados Super Tucano.
El mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD); y el empresario Daniel Aquino Hernández fueron absueltos en mayo pasado.
No conformes, los fiscales anticorrupción apelaron a esta decisión, en busca de que sea revocada. Pedían contra los imputados 10 años de reclusión carcelaria. Este caso inició en 2016.
Apelaron a decisión de juez ahora investigado
El que está más retrasado es el caso Los Tres Brazos, cuyo expediente aún no ha llegado al Corte, debido al trámite que hay realizar para enviar los documentos desde el tribunal de instrucción, que dictó auto de no ha lugar a favor de los imputados y los liberó de ir a juicio de fondo.
Este proceso tiene una particularidad y es que el juez que dictó la sentencia, Juan Francisco Rodríguez Consoró, está siendo investigado por el Ministerio Público y la Inspectoría del Poder Judicial por faltas graves en sus funciones, que no han sido detalladas por las autoridades judiciales.
En junio pasado, Rodríguez Consoró dictó auto de no ha lugar a favor de Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), y los demás acusados por la supuesta venta ilegal del sector Los Tres Brazos.
Ya para septiembre, el Ministerio Público había presentado su recurso de apelación contra la sentencia que calificaron como “sumamente decepcionante”.
Una vez llegue todos los documentos desde el tribunal de primera instancia, la Presidencia Penal de la Corte, apoderará a una de sus salas para conocer este proceso judicial que data del 2018.
Las reacciones
Los fallos que han favorecido a los imputados, han encontrado el rechazo del fiscal Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que considera que los tribunales “brindan protección” a imputados por corrupción.
Lo último que dijo sobre el tema fue: “este país es el único en el mundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los procesados por casos de corrupción”. Se expresó así luego de que una jueza varió la prisión preventiva por arresto domiciliario a cuatro imputados del caso Coral (llevado a los tribunales en esta gestión de la Procuraduría).
