Sectores y actores de la vida nacional han atribuido a la legislación algunas detenciones por parte de agentes
Desde que la controversial Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), fue promulgada por el presidente Luis Abinader el pasado 15 de enero hay quienes creen que la misma ya está siendo aplicada. Y no es así.
La normativa no podrá entrar en función por el momento, debido a que le hace falta su reglamento para su implementación, el cual tendrá que ser entregado al Poder Ejecutivo por las autoridades de la DNI antes del próximo 15 de abril.
“La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en un plazo de NOVENTA días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, elaborará y propondrá al Poder Ejecutivo el reglamento de aplicación”, reza el artículo 37 de la Ley.
Ante la inobservancia a este articulado distintos sectores y actores de la vida nacional han atribuido a la legislación en cuestión hechos aislados de detenciones de personas cuando aún no estaría lista la Dirección Nacional de Inteligencia sino que aún opera el Departamento Nacional de Investigaciones.
Tal es el caso del miembro de la prensa Aneudy Betances, quien resultó apresado la semana pasada mientras grababa frente a las instalaciones del DNI que está al lado del Palacio Nacional.
El camarógrafo en Multimedios Su Mundo explicó que se encontraba del lugar haciendo varias tomas, cuando dos agentes del Departamento Nacional de Investigaciones se le acercaron a decirle que no podía grabar en esa área y lo ingresaron a la entidad, donde, según comentó, le pidieron su documento de identidad y su equipo de trabajo.
“Me revisaron, me quitaron mi documento, hasta que duré ese tiempo de 45 minutos y después me despacharon (…). El equipo se lo llevaron a otra área y yo, como ya sabía la situación, cuando iba entrando saqué la memoria de la cámara, lo que tenía grabado para que no se me pierda, me la puse en los bolsillos, explicó.
Este hecho despertó las alarmas de sectores, quienes decían que era el primer caso de aplicación de la Ley.
Otro suceso atribuido a la aplicación de Ley que crea la DNI, el más reciente, es el del pasado viernes en la provincia San José de Ocoa, cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron y maltrataron al reconocido médico y activista Wazar Gómez, mientras éste caminaba con un cartel que tenía un mensaje dirigido al presidente Luis Abinader.
Las redes sociales “explotaron” al respecto, y hasta dirigentes políticos de la oposición “tronaron” contra la Ley 1-24, al creer que ya opera.
Posición de juristas ante los tres frentes a la Ley que crea la DNI
Ante las críticas y el rechazo a la legislación que crea la DNI, se han producido tres frentes: una mesa diálogo entre el Gobierno y la Sociedad Dominicana de Diarios (SSD); sectores depositaron cuatro acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la normativa; y dos diputados peledeísta sometieron un proyecto de ley, de dos artículos, para derogar la pieza y se mantenga en vigencia la Ley 857, del 22 de julio de 1978, que dispone que el DNI esté bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas.
En ese sentido, elCaribe conversó ayer con especialistas en Derecho Constitucional, quienes, tras coincidir en que las tres opciones señaladas son correctas, dieron sus recomendaciones al respecto.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán; y el catedrático Ricardo Rojas se inclinan al diálogo con los sectores para buscar un consenso y modificar la pieza. Mientras, el jurista Nassef Perdomo considera que lo ideal es que se derogue la legislación, para iniciar un proceso de discusión y aprobar una ley de consenso.
Rojas concibe que la Ley se debe dejar en manos del Poder Ejecutivo, quien ha demostrado ser una persona “extremadamente abierta”, para que avance en las gestiones de escuchar a todos los sectores de la vida nacional que proponen cambios a la norma. Entiende que derogar la ley no es una solución, porque la misma, a pesar de sus “dos o tres artículos controversiales, tiene muchísimos aspectos que son importantes y necesarios, además de que la Constitución manda a crear un Sistema Nacional de Inteligencia”.
Se recuerda que los artículos atacados ante el Tribunal Constitucional son el 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27 y 29. En ese sentido, el catedrático no ve que la Ley sea contraria a la Carta Magna, “no la hay”, por lo que considera que los recursos de inconstitucionalidad sometidos en la alta corte no van a tener éxito. Dijo consciente que el marco legal tiene aspectos que deben ser mejorados, los cuales no están en discusión, pero aclaró que el TC, mediantes sus fallos, no va corregirlos o mejorarlos.
“Cuando te lees el artículo 11, en su párrafo IV, te remite a la Constitución, o sea, la Ley te dice ´usted tiene que dar información con respecto a la Constitución y las leyes sectoriales . ¿Qué dice la Constitución y las leyes sectoriales?, que hace falta una autorización judicial. Lo dice. Ahora, ¿que la ley debió decir directamente ´hay que ir donde un juez y conseguir una autorización´?, es cierto, debió decirlo, pero ellos (los legisladores) lo que utilizaron fue la técnica de la remisión, que están remitiendo a la Constitución, que dice hay que buscar la autorización de un juez y están remitiendo a leyes sectoriales que dice también hay que buscar la autorización de un juez”, sostuvo el especialista al justificar el porqué, a su juicio, el artículo no es anticonstitucional.
Señaló, además, que la normativa debe ser sacada del debate político, porque “todo el mundo votó” por la misma, aunque considera que esto no da razón para que no sea mejorada.
En tanto, Servio Tulio Castaños Guzmán recomienda no esperar que el TC se pronuncie, ya que conocer una acción de inconstitucionalidad le puede llevar al órgano extrapoder desde meses hasta dos años.
“Lo importante es continuar con lo que el presidente de la República propuso: una comisión a los fines de que elaborara cuáles son las modificaciones que se le deben hacer a la Ley, un tanto como para que la misma se corresponda no solo con disposiciones constitucionales, sino que en algunos de sus artículos se ha dado lo que en Derecho se llama una especie de antinomia, o sea, esa ley contradice otras disposiciones legales como la Ley del Ministerio Público”, ponderó.
El representante de la Finjus recomienda que la propuesta de modificación a la Ley 1-24 por parte de la mesa revisora entre el Gobierno y la SDD debe estar lista la semana entrante y ser remitida al Poder Ejecutivo, para que éste se la envié al Congreso Nacional, a fin de que la pieza sea reformada. “Si hay un consenso alrededor de la Ley, es que la misma tiene que ser modificada, y eso es lo más importante ahora”, enfatizó.
En un breve comentario y contrario a sus homólogos, Nassef Perdomo cree que lo ideal es que “se derogue la Ley y se empiece un proceso de discusión para poder aprobar una ley de consenso”.
Finjus presentará mañana propuesta de modificación a la Ley 1-24
La Fundación Institucionalidad y Justicia presentará mañana martes sus observaciones en torno a la Ley 1-24, según adelantó el vicepresidente ejecutivo de la entidad. Al conversar con elCaribe, Servio Tulio Castaños Guzmán dijo que la Finjus se reunirá con la comisión del Gobierno y la Sociedad Dominicana de Diarios para dar a conocer su propuesta de reforma. Reveló que en el encuentro asistirá por primera vez el presidente Luis Abinader. “Tenemos nuestras observaciones al respecto que la daremos a conocer en el día de mañana, que es cuando se reúne por primera vez la comisión conformada con el Presidente”, expresó el representante de la Finjus.
La Ley 1-24 obliga a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas y personas físicas a entregar información a la DNI que pueda afectar la seguridad nacional.
Comisión revisora Ley DNI se reúne tres días
La comisión revisora de la Ley 1-24, encabezada por el Gobierno y la SSD, se reunirá esta semana en la sede del Listín Diario, los días martes 30, miércoles 31 y jueves 01 de febrero, a las 5:00 de la tarde. Están convocados Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo; Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP); Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus; Lizzie Sánchez Padilla, coordinadora de Participación Ciudadana (PC); Nuria Piera, encargada subcomisión índice Chapultepec de Libertad de Prensa de la SIP; César Dargám, vicepresidente ejecutivo del Conep; y Claudia García, directora ejecutiva de la Comtec.
