De acuerdo con una nota de prensa enviada a los medios por el Departamento de Comunicaciones del Banco Central, en su reciente participación en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Lic. Héctor Valdez Albizu, aprovechó la oportunidad para hacer referencia, entre otros temas, a los cierres de cuentas de corresponsalía bancaria que desde hace un buen tiempo vienen efectuando los bancos de Estados Unidos y otros países desarrollados, especialmente en contra de los bancos locales y de otros países similares al nuestro que son considerados de alto riesgo.
Se trata de una práctica que se viene dando cada vez en mayor medida debido a la presión que ejercen las autoridades reguladoras de Estados Unidos contra las entidades bancarias de ese país que le mantienen cuentas de corresponsalía abiertas a bancos de otros países para operaciones comerciales y financieras, incluyendo servicio de la deuda, movimientos de capitales, servicios turísticos, de remesas y pagos diversos en general entre residentes y no residentes de la economía.
Esa presión es mayor cuando se trata de cuentas corresponsales abiertas a bancos localizados en países considerados de alto riesgo de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo por las autoridades americanas. Lamentablemente la República Dominicana se encuentra dentro de estos países, y, por ello, se considera una buena señal que sus autoridades, especialmente las monetarias, se preocupen por las consecuencias que se derivan de esa situación, y que lo hagan en un foro tan importante como lo son esas reuniones del FMI y del BM.
Debido a que prácticamente todas las operaciones de ingresos y egresos de divisas que se realizan entre residentes de la RD y residentes del resto del mundo se ejecutan a través de cuentas corresponsales abiertas en bancos que se encuentran bajo la supervisión de las autoridades norteamericanas, el cierre de estas cuentas a los bancos nacionales tiene un efecto de mucho impacto y trascendencia para un país tan abierto y dependiente de sus relaciones comerciales financieras con el resto del mundo como lo es la RD.
Los cierres de cuentas son ejecutados básicamente por los bancos radicados en Estados Unidos para evitar el riesgo de tener clientes en otros países que le puedan generar problemas que impliquen multas y sanciones por parte de las autoridades reguladoras de ese país. La situación es bien compleja porque no se trata de un mandato de las autoridades regulatorias de EE UU, sino de una iniciativa de los propios bancos de ese país, especialmente cuando se trata de clientes de alto costo y baja rentabilidad, que no justifican el riesgo en que se incurre. Por eso se habla de un proceso de-riskig o de eliminación riesgos.
Obviamente, no todos los bancos locales han sido afectados por esa situación, pero sí es una realidad que estos se han visto en la necesidad de negarle sus servicios a clientes (como los agentes de cambio) que son considerados muy vulnerables a la penetración de las organizaciones criminales para la comisión de estos actos delictivos. El alto nivel de informalidad en el mercado cambiario y financiero de la economía dominicana, la debilidad de nuestras instituciones, y, en razón de ello, el bajo nivel de supervisión de parte de nuestras autoridades de las actividades no reguladas, son parte de las razones que explican esta situación. También se toma en consideración el alto nivel de dificultad que presentan algunos clientes de los bancos para la aplicación de la obligatoria política de conozca su cliente, que es muy importante en materia de prevención de riesgos.
Tanto las autoridades monetarias locales como los principales bancos del sistema han hecho un gran esfuerzo para fortalecer la intermediación financiera regulada contra esa gran amenaza del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, hay que reconocer que esa gran informalidad existente tanto en el mercado cambiario como en el financiero no regulado, de alguna manera se comunica con el mercado formal o regulado, no obstante las grandes inversiones o el alto costo en que han tenido que incurrir las principales entidades de intermediación financiera para estar en condiciones de prevenir las actividades delictivas.
Cuando a un banco local le cierran su cuenta de corresponsalía en un banco de Estados Unidos se le dificulta grandemente ofrecer servicios a sus clientes para la transferencia de fondos con los cuales pagar sus importaciones de bienes o el pago de servicios recibidos de residentes de otros países. También para recibir los ingresos que le generan sus exportaciones de bienes y servicios. Esto da lugar a que las operaciones financieras y de pagos de bienes y servicios salgan del ámbito de la intermediación financiera regulada y se trasladen a la informalidad, dando lugar a un proceso de des-bancarización que alimenta el riesgo y la vulnerabilidad frente a las operaciones de lavado de activos y otras operaciones delictivas, precisamente lo que se trata de controlar.
En una de sus intervenciones en esas reuniones, el gobernador llamó también la atención sobre la importancia de continuar mejorando los marcos regulatorios de nuestras economías, sobre todo en los actuales momentos en que el referido proceso de “de-risking” (o de eliminación de riesgos) constituye una amenaza al normal funcionamiento de las corresponsalías entre los bancos nacionales y extranjeros, con repercusiones muy negativas para la relaciones comerciales y financieras de nuestros países.
El principal ejecutivo de la Junta Monetaria de nuestro país también resaltó el esfuerzo que se viene haciendo a nivel local con el objetivo de reforzar la implementación de reformas basadas en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Internacional (GAFI), en la dirección de fortalecer la capacidad de la Autoridad Monetaria y Financiera para regular y supervisar las actividades del sector cooperativista, con el propósito de preservarlo frente a la creciente amenaza de las organizaciones criminales, que utilizan todos los medios y disponen de muchos recursos para lograr su objetivo de lavar el dinero sucio que le generan sus actividades delictivas.
Ese esfuerzo de las autoridades locales tiene el loable propósito adicional de evitar que el país termine con una mala evaluación o de mayor riesgo en un próximo examen por parte del GAFI, ya que esto tendría un impacto muy negativo para nuestra economía en sentido general, que es lo que menos necesitamos.
