Necesarios golpes de timón

En la actualidad, hay cuatro temas económicos importantes que están planteados en el debate y que ameritan definiciones de política que rebasen la coyuntura: la cuestión fiscal, los salarios mínimos, el DR-CAFTA y sus provisiones en materia de…

En la actualidad, hay cuatro temas económicos importantes que están planteados en el debate y que ameritan definiciones de política que rebasen la coyuntura: la cuestión fiscal, los salarios mínimos, el DR-CAFTA y sus provisiones en materia de comercio de productos agropecuarios, y la política cambiaria.

La cuestión fiscal

Sobre el primer tema, a pesar de los intentos del gobierno por poner el tema en el congelador por el complicado momento político, la cuestión fiscal no deja de “molestar” en los medios. A la reiterada advertencia del FMI, le ha seguido recientemente la de Fitch Ratings, una de las principales agencias calificadoras de riesgo del mundo. Previene a la República Dominicana que la alta dependencia de sus finanzas públicas del crédito obtenido en los mercados financieros internacionales está haciendo al país demasiado sensible a las subidas de los tipos de interés en Estados Unidos.

Llama la atención de que una combinación de cuatro elementos ha acrecentado la vulnerabilidad macroeconómica del país. Primero, la estrecha base tributaria, la cual sólo permite recaudar el equivalente a poco menos del 14% del PIB, ubicando al país entre aquellos de más bajas recaudaciones. Segundo, el alto y creciente peso del pago de intereses en los ingresos públicos, que va dejando cada vez menos espacio fiscal. Por intereses, el Estado está pagando el equivalente a cerca del 20% de los ingresos tributarios, y el país está pidiendo prestado no solo para “reenganchar” deuda que se vence sino para pagar intereses. Eso es grave.

Tercero, el persistente déficit fiscal, el cual, dice, no es reconocido en su totalidad en las cuentas gubernamentales porque, por ejemplo, no incorporan los gastos de la inversión en las plantas de carbón. En promedio ha rondado el equivalente al 3% del PIB a lo largo de los últimos 9 años, obligando a una acumulación de deuda por más de 16,500 millones de dólares. Como muchos otros, Fitch se muestra escéptica de que los esfuerzos por fortalecer la administración tributaria vayan a cambiar el cuadro fiscal. Cuarto, el fuerte peso de la deuda en moneda extranjera, especialmente en dólares de Estados Unidos, que se ubica en cerca de 70% de la deuda total. Esto hace que las finanzas públicas sean muy vulnerables a movimientos en el tipo de cambio.

Aunque Fitch no dijo cosas que no sepamos, lo importante es que la advertencia fue lanzada, con todas las letras, por una empresa que influye en las condiciones en las que el país accede al crédito. Es probable que las otras agencias como Moody’s no tarden en apuntar en la misma dirección, y el resultado va a ser que el costo de la deuda subirá aún más. El tiempo se acaba y no se ve viso alguno de intención de reducir la brecha fiscal de forma significativa, ni siquiera a mediano plazo. Mientras más tarde el ajuste de las cuentas fiscales, mayor es el riesgo de que la cuestión se resuelva de forma violenta y costosa. Se necesita un golpe de timón.

Los salarios mínimos

Con respecto al tema salarial, por primera vez en muchos años, el gobierno dominicano no se cruza de brazos ni refrenda la postura minimista patronal en el ajuste del salario mínimo, sino que adopta una posición activa que resultó, a contrapelo de la de los empleadores, en una resolución del Comité Nacional de Salarios que incrementa los salarios mínimos llamados “no sectorizados” en 20%. Es el incremento más significativo en años.

Para nadie es un secreto que el salario real promedio ha estado estancado por, al menos, una década, y en 2016 fue un 16% menor al observado en 2000. La resistencia patronal y la negligencia estatal han sido un factor importante en ello, aunque no único o necesariamente determinante, y ha contribuido a que la pobreza no se haya reducido más.

Aunque queda la duda si se trató de oportunismo político en un momento de abatimiento, la actitud gubernamental debe ser bienvenida, pero más que nada hay que hacer que sea permanente, que la postura pública en materia de salarios regulados se convierta en una fuerza de presión permanente por un aumento gradual pero sostenido de los salarios. No se trata de postular por incrementos desproporcionados e insostenibles. Después de todo, el aumento de la productividad y la reducción del desempleo son las fuerzas más importantes detrás del incremento de los salarios reales. Más bien se trata de que, antes que jugar en contra, el movimiento de los salarios mínimos legales contribuyan a marcar una tendencia al alza a largo plazo de los salarios generales.

Desafortunadamente, no hay un discurso oficial que revele que se trata de una nueva política, de un giro que nos aleje de la fallida apuesta por mantener los salarios bajos, y que ha conducido a la mayoría a ninguna parte, y a unos pocos a la fortuna.

El DR-CAFTA y la agropecuaria

A medida que se ven desplazados del mercado nacional, la presión de los gremios agropecuarios liderados por CONFENAGRO ha crecido para contener la embestida de las importaciones, especialmente desde Estados Unidos. Piden revisar el DR-CAFTA, presumiblemente con el objetivo de limitar el desmonte de las barreras a algunas importaciones de productos muy sensibles.

La preocupación y la demanda de revisión no se limitan a la República Dominicana. También en otros países de Centroamérica se empiezan a sentir y parece estarse articulando un movimiento regional en esa dirección.

Desde el principio estuvo claro que el gran ganador del DR-CAFTA era la agricultura estadounidense y el gran perdedor el agro de la región. Era ingenuo pensar que, con un comercio importador comercial tan concentrado y en manos de unas pocas grandes empresas, los consumidores pudieran ser significativamente beneficiados. También lo era pensar que la apertura por si sola iba a generar ganadores en la exportación de nuevos rubros hacia Estados Unidos.

Ahora, ante la disyuntiva, el Estado y el gobierno están obligados a tomar una decisión: siguen adelante con los compromisos del acuerdo y aceptan que una parte importante de la producción de rubros críticos como habichuelas, arroz, pollos, cerdos y lácteos desaparezca, con todas las consecuencias que esto tiene en materia de empleo, pobreza e inseguridad alimentaria, o procuran contener el proceso planteando la modificación de calendarios de apertura y otras reglas.

Por supuesto, la decisión de política no puede limitarse al tema estrictamente comercial. Hay que replantear toda la política de desarrollo productivo para el sector agro, priorizando aquellas actividades con potencial de transformación y aquellas muy vulnerables en términos económicos y sociales.

La política cambiaria

La restricción cambiaria es una queja recurrente, el argumento de que era ruido mediático ya cayó por su propio peso, y las explicaciones de que las limitaciones a la compra de divisas han sido coyunturales vinculadas a la incertidumbre (p.e. Brexit, el triunfo de Trump). han sido flojas. La situación es sorprendente a la luz del estado de las cuentas externas, que son hoy más holgadas que nunca por los bajos precios del petróleo y sus derivados.

En ese contexto, es claro que la restricción no tiene que ver con estrechez de disponibilidad en la economía sino con los precios. Los agentes cambiarios, en particular, los bancos no parecen estar dispuestos a transar divisas a los precios “sugeridos” por las autoridades, simplemente porque no es rentable. La sugerencia de precios ha dislocado los flujos normales a través de los canales tradicionales, alimentando canales no tradicionales, a precios más elevados.

Los más afectados son los medianos y pequeños demandantes, a quienes se les pone en una larga lista de espera o le es negada la venta, y se ven forzados a recurrir a los oferentes no tradicionales y no regulados, pagando precios más altos. Al final, la devaluación termina ocurriendo, sólo que a saltos, como pasó en septiembre y febrero, y a un costo mayor para los agentes que sufren racionamiento.

El esquema de administración de la tasa de cambio a través de la “persuasión moral” está haciendo crisis y debe ser revisado. Las razones para que el Banco Central esté “sobre la jugada” son muy entendibles porque una devaluación acelerada tiene costos diversos, incluyendo fiscales y políticos. Además, no hay que ser ingenuos: el mercado cambiario es muy concentrado y los agentes principales tienen la capacidad de marcar los precios y obtener ganancias extraordinarias a costa de los compradores. Lo recomendable es que haya mayor tolerancia a ajustes al alza, y no seguir alimentando la idea de que una tasa de cambio rígida es signo de salud económica, porque no lo es.

En síntesis, se hacen necesarios golpes de timón en cuatro áreas: la fiscal para empezar a reducir la brecha fiscal y contener el crecimiento de la deuda y de su costo, la de salarios mínimos para que la regulación apoye un crecimiento gradual y sostenido de los salarios reales, la comercial para empujar por cambiar algunas reglas específicas del comercio de productos agropecuarios, y la cambiaria, para terminar con el racionamiento y lograr mayor fluidez en el mercado.

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